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La Guardia Civil reactivó este lunes la operación Valka, que investiga la posible comisión de delitos relacionados con la corrupción política y el urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucompa) y el Grupo de Delitos Tecnológicos (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas, bajo la dirección del magistrado instructor del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro Cabrera, y de los fiscales de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo y de la Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada de Las Palmas, realizaron seis registros simultáneos en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, tal y como adelantó CANARIAS7 este lunes.
La sede la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), el departamento de informática de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, las instalaciones de Parques y Jardines, y varias viviendas particulares en Tamaraceite y Arrieta (Lanzarote) fueron los lugares escogidos para realizar los requerimientos de información exigidos para esclarecer los hechos.
«La investigación se centra en la posible existencia de una trama organizada dedicada a favorecer ilícitamente, con decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general, a determinados empresarios cuyos intereses económicos dependen, en buena medida, de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y excargos públicos pertenecientes a Geursa, así como, la adjudicación fraudulenta de encomiendas de obra, adjudicación de contratos, y proyectos de implantación de grandes obras (MetroGuagua)», informaba la Fiscalía de Las Palmas en un comunicado.
Por el momento, hay cinco investigados, ninguno de ellos en la escala política, y no hay nadie detenido. Se trata de altos funcionarios de la gerencia y la oficina técnica de Geursa (Marina Más y Carlos Cabrera), en torno a la figura del anterior coordinador de Urbanismo, José Manuel Setién, y un exdirectivo de Parques y Jardines (Miguel Ángel Padrón). A ellos se une un empresario, Felipe Guerra, de acuerdo a la información a la que ha tenido acceso este periódico.
No se descarta que, a medida que avance la investigación, se pueda producir futuras detenciones y/o imputaciones.
La nota informativa de la Fiscalía informa que la autoridad judicial «les imputa, entre otros, varios delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada».
Los registros comenzaron temprano en la sede que la sociedad urbanística tiene en las instalaciones municipales del Obelisco. Cinco agentes de la Guardia Civil entraban en ese momento en las dependencias públicas para requerir información relativa a la actividad urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las relaciones contractuales firmadas con el empresario investigado.
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Javier Darriba
La presencia de los agentes, que se prolongó durante horas, generó momentos de nerviosismo entre los trabajadores públicos. Luego se conoció que los guardias civiles también habían acudido a la segunda planta de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentra el servicio de informática. En este caso, la labor de inspección de los agentes se mantuvo hasta cerca del mediodía.
Al tiempo se procedía a la ejecución de los registros de los servicios de Parques y Jardines, así como de varias propiedades particulares, entre ellas algunos inmuebles del empresario investigado, tanto en Arrieta como en Tamaraceite.
Este periódico pudo saber que los registros domiciliarios acabaron con la incautación de diversos equipos informáticos. También se recogieron soportes en las dependencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se consideran necesarios para proseguir con la investigación.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria declinó realizar declaraciones oficiales sobre los hechos conocidos este lunes respecto a la investigación que está en marcha por parte del Juzgado de Instrucción 2.
La entrada de los agentes de la Guardia Civil en las oficinas que la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) tiene operativas en la zona del Obelisco de Las Palmas de Gran Canaria es una imagen repetida. Hace algo más de un año, en junio de 2023, se personaron en las dependencias municipales, algo que también se produjo en diciembre de aquel mismo año, en relación a una denuncia que había sido presentada por parte de la asociación de vecinos Las Rehoyas Avanza, respecto a una posible comisión de unos supuestos delitos de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos en torno a unas permutas de suelo que se realizaron en Tamaraceite Sur sobre unas fincas que presuntamente no existían ni disponían de referencia catastral alguna. En el caso de la intervención de junio de 2023, se trató de una iniciativa de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente de Las Palmas, que encargó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que se personara en las oficinas municipales para hacerse con la investigación necesaria para proseguir con la investigación abierta tras los hechos denunciados a principios de mayo del año 2023. Otras fuentes consultadas por este periódico informaron de que los agentes también acudieron a Geursa en abril de 2024, si bien este periódico no ha podido contrastar esta afirmación. La intervención de este lunes responde a una ampliación de la investigación realizada a partir de la denuncia vecinal.
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