El TSJC suspende la tarifa única del taxi

Los magistrados acceden a la petición de la Asociación pro derechos de los taxistas autónomos (Asprotac) y de la Asociación de asalariados del taxi, que se opusieron a la aplicación del nuevo cuadro tarifario que, en resumen, equiparaba el precio del servicio entre el centro y la periferia, a costa de una subida general que desde el Ayuntamiento se calculó en un 11%.

La sentencia, sin embargo, determina que la nueva tarifa «supondrá para el usuario un aumento del 45% en el precio del servicio», algo que «no se atempera en absoluto al IPC» o Índice de Precios al Consumo. Los magistrados también recuerdan que hace dos años, en 2016, ya se produjo un incremento del precio del servicio de un 16% aproximadamente.

Pero es que además, los magistrados César García Otero, Jaime Borrás Moya y Francisco José Gómez Cáceres, hacen suyo el argumento del impacto negativo que la peatonalización del centro tiene para el taxi en aras de posibilitar la implantación de la MetroGuagua. «La peatonalización de numerosas calles ha encarecido sustancialmente el servicio», exponen. Y añaden que «el Gobierno de Canarias -que en última instancia da el visto bueno a las tarifas- se limita a invocar el principio de presunción de legalidad, sin razonar en modo alguno por qué adopta una medida que sabía que no querían los taxistas». Además, condenan que no se hubiera dado audiencia a los colectivos en contra y que se ignorase «las decenas de escritos de diversas asociaciones rogando la no aprobación de las tarifas».

La sentencia, contra la que cabe recurso de reposición, entiende que los taxistas «se han visto forzados a velar por el interés general además, claro, de por los suyos, que, en cuanto miles, son también, en conjunto, interés público».

La propuesta de la tarifa única fue aprobada por el Ayuntamiento tras un acuerdo con parte del sector del taxi en diciembre de 2017. Supuestamente beneficiaba a 31.000 vecinos de la periferia.

Desde Asprotac se entiende que se está «evitando un daño» con la suspensión de las nuevas tarifas ya que su aplicación ha provocado «un bajón brutal» de la actividad, además de por la ubicación de las paradas, las obras y los atascos, según su presidente, Francisco Mendoza.

Para la representante de la Asociación de asalariados del taxi, María Eugenia García, queda claro que la aplicación de las tarifas responde a una «interés político» que trata de favorecer a la guagua frente al taxi. «Estas tarifas son disuasorias, obligan a la gente a coger la guagua», señaló.

Por su parte, el presidente de la Asociación de titulares de licencias de auto taxi de Canarias, Antonio León, cree que las nuevas tarifas perjudican a los clientes de la zona baja, pero también a los de la periferia, «que al final acaban pagando más que antes». Aunque su asociación no presentó la demanda, sí la apoyó.

Para aplicar la nueva tarifa del servicio público, que entró en vigor el 20 de diciembre pasado, los taxistas tuvieron que cambiar los taxímetros de sus vehículos. La suspensión cautelar de los nuevos precios podría obligar a deshacer este procedimiento. «La nueva tarifa no tiene validez», explicó el portavoz de Asprotac, Gorky Bethencourt, «los taxistas tienen derecho a reclamar daños por lo ocurrido». María Eugenia García, de los asalariados, considera que «los taxistas tendrán que volver a cambiar los taxímetros».