La directora de Emalsa niega que se generase un perjuicio económico

María Mercedes Fernández-Couto, directora general de Emalsa, aseguró este lunes ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas que todos los contratos investigados fueron auditados, que no se detectaron irregularidades y que no hubo perjuicio económico para la empresa municipal. Así lo manifestó durante su declaración en la cuarta jornada del juicio por la Gestión del Agua en Las Palmas de Gran Canaria, en el que se juzga a 15 directivos de la compañía acusados de causar un presunto quebranto de 23,4 millones de euros entre 2008 y 2012. La fiscal Evangelina Ríos solicita penas de hasta seis años de prisión.

Fernández-Couto afirmó que los contratos de Emalsa «estaban todos auditados» y que «nunca se detectó algo mal o fuera de precio». Aseguró también que «el Ayuntamiento nunca manifestó que los contratos debían anularse» por presuntas irregularidades y que, por el contrario, «se fueron renovando con el consenso de los miembros del consejo».

Durante su larga comparecencia, la directora señaló que cuando llegó al cargo, la situación de la empresa era buena y estructurada, pero que tras una reunión con el ya fallecido Rafael Bolívar, que fuera responsable de la Unidad técnica del agua, se le planteó la necesidad de clarificar la relación entre el Ayuntamiento y Emalsa. En ese contexto, se proyectó un grupo de trabajo para revisar discrepancias, que no llegó a consolidarse debido a la aparición en medios de denuncias sobre Sercanarias, empresa vinculada a dos socios privados.

Ante el mal clima generado, sostuvo, convocó un consejo de administración en el que, a propuesta de los socios privados y por indicación del alcalde, se encargó una auditoría a la firma Auren. Emalsa puso a disposición de los auditores hasta cuatro empleados. Sin embargo, Fernández-Couto relató que el 26 de diciembre se enteró de que el alcalde Cardona y el presidente habían presentado una denuncia ante la Fiscalía.

Pese a ello, continuó la colaboración con Auren, que recibió una ampliación de su encargo dejando fuera al socio público. Según Fernández-Couto, se presentó un informe con recomendaciones que el consejo aprobó por unanimidad y sin discrepancias del Ayuntamiento. «Había matices que no eran ilegales ni estaban mal, sino aspectos que era conveniente mejorar», declaró.

Sobre los contratos con Sercanarias, señaló que no detectó irregularidades y que operaban en condiciones iguales a otros contratistas. Respecto al contrato de saneamiento, adjudicado en 2008 tras reemplazar a Urbaser, explicó que se basaba en la puesta a disposición de medios. Aunque el contrato establecía la limpieza de 350 kilómetros de red, posteriores análisis cartográficos situaron esa cifra en más de 900, lo que motivó ajustes operativos. Indicó que, ante un aumento de incidencias, se priorizaron los trabajos correctivos por encima de los de mantenimiento.

La directora también explicó que el Ayuntamiento dejó de pagar facturas tras la denuncia, alegando falta de detalle. Se encargaron dos informes técnicos -uno jurídico y otro de ingeniería- para analizar la obligación de pago. Según declaró, el primer informe solo acreditaba 500.000 euros y Bolívar impidió al auditor acceder a más documentación. Posteriormente, el concejal de área revisó el contrato con los técnicos y se constató su cumplimiento.

En relación al traslado de lodos, negó que se inflaran cifras para facturar.

Fernández-Couto reiteró que no se produjo daño económico y que «prácticamente todos los contratos se han seguido ejecutando e incluso algunos se volvieron a adjudicar a Sercanarias». Añadió que las cuentas se aprobaron por unanimidad y que los alquileres de las instalaciones de Las Ramblas fueron abonados sin reparos.

Finalmente, rechazó que la consultora Kpmg trabajara simultáneamente para ambas partes.

Por su parte, la exalcaldesa Pepa Luzardo cuestionó la adjudicación directa de un contrato de saneamiento por 4,5 millones a Sercanarias tras la rescisión con Urbaser, alegando que «no era bueno para la ciudad la autoadjudicación a dedo de ese servicio».