El traslado de Emalsa del Obelisco a Las Ramblas fue a petición del Ayuntamiento

En la tercera sesión del juicio por la gestión del ciclo del agua en la capital grancanaria, el abogado y exparlamentario José Miguel Bravo de Laguna declaró que el traslado en su día de la compañía Emalsa desde su antigua sede en la zona del Obelisco hasta Las Ramblas fue a instancias del Ayuntamiento, que quería ocupar aquel inmueble. Ese cambio fue aprobado por todos los miembros del Consejo de la empresa mixta, incluidos los representantes municipales.

Bravo de Laguna testificó en calidad del secretario del consejo de administración de Emalsa entre 2008 y 2011, así como de la empresa Sercanarias, además de socio del despacho Gómez Acebo hasta 2009, a cuya firma en Madrid se le encargó un informe para ver si se podía contratar a Sercanarias el saneamiento de la ciudad, al estar constituida por los socios de Emalsa.

El despacho concluyó que sí se podía, y el consejo de administración de Emalsa votó por mayoría el contrato en 2008, aunque cuatro ediles de la corporación se opusieron porque preferían un concurso abierto, pero sin poner objeciones a Sercanarias.

Respecto al cambio de sede, detalló además que se autorizó la firma del contrato de arrendamiento al director general y el Consejo ratificó posteriormente esa rúbrica.

Además, el Consejo también aprobó con los votos de los representantes del Ayuntamiento y de los trabajadores municipales renegociar el contrato con Satocan y bajar la renta mensual, como así se hizo.

Por otra parte, el que fuera gerente de la Agencia Local de Energía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con Juan José Cardona y que participó en el grupo de trabajo creado para analizar la situación de Emalsa, declaró en el juicio por el caso de la Gestión de Aguas que la compañía incumplía las condiciones establecidas en el contrato de gestión, pese a las conclusiones reflejadas en la auditoría de la consultora Kpmg. Dijo que el informe «pasaba de puntillas sobre lo que se le pedía».

El experto destacó que el grupo de trabajo fue constituido durante el mandato de Cardona que decidió intervenir la empresa y denunciar el caso a la Fiscalía. La auditoría fue encargada para esclarecer la situación real de la compañía, pero sus conclusiones fueron decepcionantes: «Que dijeran que cumplían era ponernos el dedo en la herida porque sabíamos que Emalsa no lo hacía. Era un dato constatable que no se reutilizaba el agua, no se hacían las tareas de saneamiento, no se depuraba y las desaladoras estaban en mal estado».

El Ayuntamiento abonó 94.000 euros a Kpmg por ese informe, aunque posteriormente se supo que la misma firma habría elaborado otro documento para Emalsa por 240.000 euros, extremo que el testigo dijo no poder confirmar con certeza.

Este técnico reveló que cerca del 60% del agua distribuida acababa vertiéndose al mar sin tratarse y que los lodos generados en la planta depuradora de Barranco Seco también se vertían, ya que no se utilizaba la planta de biometalización cedida a Emalsa desde 1997. «Creo que no se llegó a utilizar nunca», afirmó el testigo, quien aseguró tener seis décadas de experiencia en el estudio y la gestión del agua.

Interrogado sobre por qué no se tomaron medidas sancionadoras si el comportamiento de la empresa fue tan «grosero», indicó que el Ayuntamiento no contaba con un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

La razón residía en la debilidad de los pliegos que rigieron las adjudicaciones: el primero, en 1992, a favor de Unelco y Saur, y el segundo, en 1998, con la firma Sercanarias, integrada por los socios privados de Emalsa, era «aún peor». También tuvo «pegas» a la hora de aplicar la Ley de Contratos del Sector Público.

Otro de los testigos, también miembro del grupo de trabajo y empleado con 20 años de antigüedad en el Ayuntamiento, corroboró las dificultades para obtener información fiable por parte de la empresa de aguas. La calificó como «escasa, insuficiente y ambigua». Asimismo, manifestó que el informe de Kpmg no contaba con el respaldo del interventor de Emalsa, Rafael Bolívar, que lo cuestionaba. Recordó que se inició la intervención con el fin de «disipar los indicios de los incumplimientos por falta de mantenimiento de las redes de saneamiento», incumplimientos que derivaron en reclamaciones a la empresa.