La directora de Asesoría Jurídica exigió a Personal que se retractara de sus acusaciones
La jefa de los letrados asegura que se ha puesto en tela de juicio su crédito profesional y personal y se reserva el uso de acciones judiciales
«Quede constancia de las particularidades relatadas con carácter previo a entablar acciones que se consideren oportunas, en atención al descrédito profesional y personal vertido en el informe que se contesta, por afectar a mi derecho al honor y la propia imagen, salvo que se produzca un retracto de todas las afirmaciones, que con hechos, aquí se rebaten por no ser acordes con la realidad». Con esta contundencia se manifestó la directora general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Felicitas Benítez, en un escrito firmado el 14 de noviembre de 2022. Es la contestación al informe de la directora de Administración Pública, Mercedes Cejudo, en el que se acusaba a la jefa de los letrados de promover un clima laboral «insostenible», con un elevado número de bajas y supuesto acoso, y de mantener una actitud de «hostigamiento» contra el área de Personal.
En el documento, que fue remitido también a Alcaldía y las concejalías de Presidencia y Administración Pública, Benítez responde a las referencias sobre supuestos casos de acoso en el departamento que ella dirige y explica que en uno de los supuestos ni siquiera se abrió el protocolo de aplicación en estos casos. «Todo ello supone una imputación de unos hechos de suma gravedad, sin que se me haya notificado denuncia, sin que se haya abierto protocolo de acoso, pero sí insinuando que la baja está relacionado con ello», detalla, «es de suma gravedad, por cuanto no se respeta la presunción de inocencia, las normas sobre prevención, etcétera, dando lugar a una afirmación carente de fundamento, puesto que de ser cierta, se ha tenido que dictar resolución que no se cita, y si no se ha hecho nada al respecto, también se incurre en responsabilidad por no ejercer las competencias que en esta materia, la Ley le tiene atribuida a esa sección de Prevención dentro de esa Jefatura de Recursos Humanos y esa Dirección General de Función Pública».
Para el otro caso de supuesto acoso referido por Administración Pública, Felicitas Benítez asegura que fue ella la que puso en conocimiento de Recursos Humanos la situación de la trabajadora municipal y que fue precisamente Recursos Humanos quien decidió no abrir el protocolo de acoso.
«Se deduce la diligencia de esta titular de la Asesoría Jurídica, en perseguir el acoso; por lo que las alegaciones vertidas en el informe atentan contra la dignidad y profesionalidad de esta directora general y parecen imputar la comisión de un delito contra los trabajadores; cuestión que se dirimirá a través de las acciones oportunas que se ejerzan por esta titular de la Asesoría Jurídica, si no se produce un retracto de tales afirmaciones». Hasta el momento no se tiene constancia de que haya habido un pronunciamiento de retracto en este sentido, como tampoco se ha producido reacción alguna por parte de los responsables políticos -el alcalde y dos concejales- a los que Felicitas Benítez hizo llegar este escrito de 91 páginas.
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La directora general de la Asesoría Jurídica también rebate los argumentos esgrimidos por Mercedes Cejudo en lo referido al análisis del número de bajas médicas que se produce en el servicio. Así, Felicitas Benítez entiende que se trata de «un relato que no se adecúa a la realidad y de la que esta titular se tiene que defender, por ser un ataque a su profesionalidad, a su honor y su propia imagen».
Además, rechaza que desde la Asesoría Jurídica se esté hostigando a Recursos Humanos. Benítez justificó su posicionamiento en las carencias de personal que sufre el servicio y que afecta al funcionamiento del Ayuntamiento. Así, reproduce el contenido del escrito de 7 de octubre en el que demandaba la contratación de dos gestoras: «La Asesoría Jurídica está colapsada puesto que solamente se cuenta con dos gestores que no dan abasto», detallaba, «cuestión que hace que la Asesoría Jurídica no pueda funcionar correctamente porque se trabaja con papel y es necesario que se gestione, tramite, archiven los documentos referidos a los procedimientos judiciales y a los informes, trámites de gestión del presupuesto, facturas y, sobre todo, los trámites de pago de los procuradores, que ya están siendo objeto, repito, de requerimiento al alcalde».
En este sentido, lamenta en su escrito que no se haya aprovechado los encuentros profesionales en el Ayuntamiento para solventar las discrepancias que pudiera haber entre las áreas de Servicios Jurídicos y Recursos Humanos. «Tampoco se aprovechó tal reunión para que la Jefa y Directora que suscriben este informe de 9 de noviembre, que aquí se responde, advirtieran ningún extremo, que ahora sí, por escrito, dejan patente, sin que esta titular llegue a comprender, por qué no se aprovechan los espacios de diálogo compartidos para expresar cuestiones que, meses más tarde se sacan en un informe, fuera de contexto, recuérdese que, todo esto, parte de que esta titular solicita encarecidamente, personal para que esta Asesoría Jurídica pueda cumplir su cometido», sentencia la directora de la Asesoría Jurídica.
Respecto a las lágrimas de un examinador de las pruebas de bomberos, que Recursos Humanos atribuye a las malas formas de Benítez, la responsable de la estrategia jurídica municipal asegura que su papel, en aquella reunión, fue advertir de que se estaba incurriendo en una causa de nulidad del proceso selectivo por el parentesco existente entre un examinador y dos aspirantes.
«Lejos de tomarse medidas por el servicio de Recursos Humanos que debe velar por las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo y a las funciones encomendadas, fue esta Dirección General la que, in voce, informó a los presentes de la legalidad, de las consecuencias y de las posibles soluciones», prosigue el informe de Benítez, «como podrán acreditar los presentes en aquella reunión, las lágrimas de la persona que se cita por el informe, atendía a las presiones sufridas por los sindicatos, por terceros ajenos sobre comentario ante sus hijos, etcétera, y, finalmente, por las circunstancias que informó esta Dirección General. Lejos del ambiente hostil que se recoge en el informe, la reunión acabó con un abrazo y una charla entre dicho funcionario y esta directora general».
El informe de Recursos Humanos será remitido a Protección de Datos
La directora general de Asesoría Jurídica, Felicitas Benítez, también observa, en su escrito de 14 de noviembre, que en la respuesta de Administración Pública no se ha sido diligente con la protección de los datos de las personas que se citan en los casos de supuesto acoso. «En el informe del servicio de Recursos Humanos se desvela la identidad, con nombre y apellidos de denunciantes y denunciados, por lo que resulta obligatorio elevar dicho informe al representante de Protección de Datos, como responsable de supervisar las estrategias de protección de datos de las empresas y garantiza el cumplimiento de los
requisitos del reglamento, para que adopte las medidas que considere oportunas», advierte.
En relación a la denuncia contra el coordinador de Hacienda, Benítez entiende que la firma de autorización para compaginar el puesto de letrado municipal con el de abogado particular debía haber sido materia de aprobación plenaria. «Esta directora no podía mirar para otro lado, so pena de incurrir en responsabilidad penal o disciplinaria; es más, de ser considerada la actuación con indicios de delito, el artículo 94.3 del el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público obliga a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal», explicita la directora general de la Asesoría Jurídica, «por tanto, el correo que se saca de contexto en el informe (se refiere a una advertencia de llevar el asunto a Fiscalía) del servicio de Recursos Humanos que se contesta, atiende a la urgencia que requería el caso y la tardanza en más de once meses sin tener noticias sobre su tramitación, teniendo en cuenta las responsabilidades que estaban en juego».
