La falta de personal desata una guerra entre Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica
La jefa de los abogados municipales asegura que en el Ayuntamiento se vive «un auténtico infierno» y «una lucha cainita»
JAVIER DARRIBA SANTANA
Las Palmas de Gran Canaria.
Jueves, 19 de enero 2023, 01:00
La falta de abogados que sufre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el escenario de un fuerte enfrentamiento que han mantenido las áreas de Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica. Entre el 7 y el 28 de octubre se suceden los escritos que ponen de manifiesto la tensión que se ha vivido entre las dos áreas municipales.
La directora general de la Asesoría Jurídica, Felicitas Benítez Pérez, remitió un escrito, el 7 de octubre, en el que conminaba a Recursos Humanos a que cubriera las bajas de dos gestores «puesto que se corre el peligro de que se nos puede pasar plazos de los procedimientos judiciales, se puedan depurar responsabilidades al alcalde por el impago a procuradores de los procedimientos antiguos, que aún están vivos, entre otras consecuencias nefastas por la infradotación de personal en este servicio tan importante».
Tres días más tarde, reclamó la sustitución de dos letradas que también sufrían bajas de larga duración.
Estas peticiones fueron respondidas por la directora general de Administración Pública, Mercedes Cejudo Rodríguez, en otro informe que fue emitido el 14 de octubre y en el que se ponía en conocimiento de la responsable de la Asesoría Jurídica el «déficit de personal» que tiene el Ayuntamiento y el esfuerzo que supone el proceso de estabilización del personal laboral, entre otros motivos, por lo que, concluye «en estos momentos resulta imposible de atender a sus peticiones de incorporación de nuevo personal, sin perjuicio de que se lleve a cabo, por su responsable, una reorganización de los recursos humanos de que se dispone en el servicio y sin perjuicio de que tras la finalización de los múltiples procesos selectivos convocado, pueda serle asignado algún personal que resulte seleccionado».
Eso sí, desde Recursos Humanos se advierte de que la distribución del nuevo personal «se llevará cabo atendiendo las necesidades existentes en el conjunto de la organización municipal».
Esta respuesta provocó un nuevo pronunciamiento de la directora general de la Asesoría Jurídica en la que destaca el tono empleado por su responsable en la descripción de la realidad municipal.
Fue el 14 de octubre. En ese escrito se hace mención a un informe jurídico de 14 de julio en el que se advertía de «la cruda realidad de los recursos humanos en nuestra Administración», que «ha supuesto, sin duda, una lucha cainita dentro los distintos servicios de este Ayuntamiento, sedientos de empleados públicos que puedan sacar adelante el ingente trabajo que supone una Administración que es la capital de la Comunidad Autónoma, que ocupa la novena ciudad de España».
Felicitas Benítez responsabiliza a la Corporación de esta situación por no haber planificado los recursos humanos y por haber seguido con la planificación de 2012. «No se podrá planificar nada si se parte de unos datos de hace una década», le espeta a Cejudo. Además, le recuerda que la oferta pública de empleo de 2016 caducó por no haber sido publicada antes de finales de 2019 (se hizo el 1 de enero de 2020), lo que motivó una impugnación sindical que obtuvo el respaldo judicial.
«Las diez plazas de técnico de Administración General ofertadas no fueron cubiertas, sin que se haya dado respuesta a este enigmático suceso por parte de la Jefa de Recursos Humanos», prosigue la responsable de la Asesoría Jurídica.
Las multas
«En este Ayuntamiento se vive un auténtico infierno, donde los servicios luchan por sacar adelante el ingente trabajo con escaso personal, dando lugar en los últimos tiempos a que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo insten procedimientos de imposición multas», le señala.
A continuación, expone los casos de multas coercitivas impuestas al personal municipal: la de 300 euros que sufrió el alcalde, Augusto Hidalgo, «porque el servicio de Tráfico y Transporte no tiene personal para mandar un expediente administrativo»; la de 1.500 euros que se impuso al concejal de Urbanismo, Javier Doreste y otra de la misma cuantía a la jefa de Urbanismo interina «por no ejecutar una sentencia de profusa dificultad técnica por no tener suficiente personal»; y otra de 500 euros al jefe de Edificación y Actividades «por la ejecución de una sentencia, ya que no dispone de personal suficiente para evacuar los informes en plazo».
Felicitas Benítez le responde también que no puede realizar la reorganización que propuso Recursos Humanos. Y critica, sobre todo, que se hubiera anunciado la cobertura de puestos por movilidad interna un total de veintidós puestos y que no se reservara ninguno para la Asesoría Jurídica, ni los de baja médica, ni los vacantes. La jefa de los letrados considera este hecho como algo «asombroso, impactante y grave».
