Desalojo de los alimentos que almacenaba Cofiris en el local municipal de Zárate. / ACFI PRESS

El Ayuntamiento derivó a 169 familias al banco de alimentos que obligó a desalojar en Zárate

Cofiris es la segunda entidad de reparto a la que los servicios sociales más personas dirigen en la ciudad, solo superada por Cáritas

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento derivó este año a un total de 169 familias vulnerables a la entidad de reparto de alimentos Cofiris antes de ordenar el desalojo del local social municipal en el que la asociación realizaba estaba acción humanitaria. El Consistorio capitalino decretó que este colectivo debía abandonar el centro público -lo que se materializó el pasado 22 de septiembre- porque entendía que no reúne las condiciones para repartir alimentos, pese a que Cofiris lo venía haciendo desde 2014 sin problemas conocidos y que el propio gobierno local enviaba allí a personas a recoger los paquetes de comida que llegan del Banco de Alimentos de Las Palmas.

Cofiris es la segunda entidad de reparto en la que más se han apoyado los servicios sociales municipales de la ciudad para aliviar las necesidades de alimentación de sus vecinos. Solo los distintos puntos que Cáritas tiene distribuidos por la mayoría de los barrios supera a esta asociación en cuanto a derivaciones. La organización de la iglesia ha atendido la petición de ayuda de 336 familias enviadas por el Ayuntamiento frente a las 170 de Cofiris -las 169 de Zárate y una más en Ciudad Alta.

Los datos están incluidos en una respuesta oficial ofrecida por la concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, al PP. En ella, se constata que el número de personas derivadas por el Ayuntamiento a las entidades de reparto y organizaciones no gubernamentales en lo que va de año asciende a 1.627. Esto significa que, de cada diez familias dirigidas a los puntos de reparto de alimento, una era enviada a Cofiris, la unidad clausurada en el barrio de Zárate.

Las derivaciones

  • 1.627 familias. Son las derivadas por el Ayuntamiento a entidades de reparto de alimentos este año. De ellas, 879 fueron en Cono Sur-Vegueta-Tafira; 288 en Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya; 185 en Ciudad Alta; 140 en Isleta-Puerto-Guanarteme; y 135 en el distrito Centro.

Este periódico intentó conocer la versión de la concejala Vargas a través de los canales oficiales pero no obtuvo respuesta alguna. Otras fuentes municipales detallaron que estos números reflejan solo la realidad del primer semestre del año, cuando todavía no se había puesto en marcha el reparto de tarjetas recargables para que las familias pudieran hacer la compra con ellas, algo de lo que se han beneficiado en torno a un millar de familias de la capital. De hecho, se insistió en que a partir de ese momento no hubo más derivaciones.

Sin embargo, al menos en una ocasión se ha constatado la derivación de una familia -con tres adultos y dos menores- a Cofiris, no solo en medio del proceso de reparto de tarjetas de alimento, sino en plena vigencia de la orden de desalojo de Cofiris. El 16 de septiembre pasado se firma un documento de derivación de esa familia hacia Cofiris para el suministro temporal de alimentos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del presente año.

El Ayuntamiento defiende que las tarjetas de alimento son un mejor recurso porque no estigmatiza a las familias y les da una mayor autonomía. Así consta en una nota de prensa emitida ayer en la que se informaba de la aprobación de una subvención, por valor de 1,6 millones de euros, por parte del Gobierno de Canarias para reforzar los servicios sociales municipales.

El PP, a través de Pepa Luzardo, ha denunciado que el Ayuntamiento se quedó sin tarjetas de supermercado, de ahí que la concejala exigiera «una solución urgente para los centenares de familias que se han quedado sin tarjetas para adquisición de alimentos como alternativa social a la situación de vulnerabilidad que están padeciendo».

Sin embargo, el gobierno local expone que todavía tiene 289.500 euros disponibles para este fin.

En este asunto, Coalición Canaria ofreció este jueves una rueda de prensa en la que denunció que el alcalde, Augusto Hidalgo, no ha cumplido con su promesa de incorporar a 71 trabajadores sociales para atender la alta demanda de este servicio, y ayudar así a paliar las necesidades básicas de la población que se han visto incrementadas con la crisis provocada por la pandemia. El edil Francis Candil lamentó que haya en la ciudad 1.900 ciudadanos esperando a ser atendidos por los servicios sociales.