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El presidente de la asociación cultural y vecinal Cofiris, Israel Medina, denuncia que este lunes recibió una notificación del Ayuntamiento capitalino en la que se le comunica que «en un plazo de 10 días» debe desalojar los alimentos que están en el local municipal de la calle Francisco Inglott Artiles, en Zárate. Un espacio que esta entidad colaboradora del Banco de Alimentos utiliza desde hace «más de ocho años» para el reparto de comida a familias del «Cono Sur, San Nicolás e incluso de Ciudad Alta».
«Primero dijeron que teníamos que dejar el local porque está en ruinas y tienen que hacer obras, y ahora nos dicen que el motivo es que acumulamos alimentos y que los locales sociales no son para eso porque no reúnen condiciones para su conservación», expone Medina. Sin embargo, recuerda que dispone de escritos que certifican que «todas las inspecciones que ha hecho el Banco de Alimentos son favorables».
Asimismo, asegura que desde el Consistorio «se ha dado la orden a Servicios Sociales para que no nos deriven familias para que así no tuviéramos gente a la que atender». Pero apunta que, pese a todo, «este mes tenemos unas 30 familias a las que teníamos previsto repartir alimentos entre el viernes y el sábado, con todas la medidas de seguridad».
Ahora reconoce que no sabe qué va a hacer con esas personas que esperan por su reparto mensual pues no ha recibido respuesta municipal a su solicitud de autorización. «Si me dejaran hacer el reparto, menos alimentos tendría que desalojar», dice Medina. Y agrega que «no nos dan alternativas» para seguir con esta «labor social», aunque «en Zárate hay tres locales del Ayuntamiento en la misma calle cerrados».
El viceportavoz de CC-UxGC en el Ayuntamiento, David Suárez, denuncia que «Hidalgo desahucia a los colectivos sociales de los locales municipales». Apunta que «cada vez son más los colectivos vecinales que reciben una notificación de desalojo del local en que están realizando repartos» como «entidades vinculada con el Banco de Alimento».
Añade que «la estrategia» del gobierno de Hidalgo «va acompañada de una orden a los Servicios Sociales para que dejen de derivar a los usuarios vulnerables» a «dichos locales».
A su vez, señala que «se justifica el desalojo con unas supuestas obras que van a realizar, de forma inmediata, pero los ya desalojados evidencian que ninguna obra se ha iniciado desde entonces».
Suárez reconoce que «es cierto que el reglamento de los locales sociales establece que serán destinados para actividades sociales y culturales, y no como almacén», pero llama la atención sobre «la situación social en la que nos encontramos». Por eso afirma que «Hidalgo desampara a las personas más vulnerables, justificando que la alternativa al reparto será la tarjeta de supermercado, pero la realidad es que aún quedan multitud de solicitudes pendientes a ser tramitadas».
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