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«Le informamos de que antes de poder proceder a lo ordenado por usted, quedamos a la espera de que se nos facilite información de a dónde trasladar los alimentos y los medios para poder realizarlo». Así acaba el escrito que la asociación cultura y vecinal Cofiris, una de las entidades que se encarga del reparto de bolsas comidas a personas que atraviesan serias dificultades económicas en los distritos Vegueta-Cono Sur-Tafira y Centro, presentó ayer en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que está en juego es el reparto de los cerca de mil kilos de comida que Cofiris apila en el local social de Zárate -de titularidad municipal- y sobre el que pesa una orden de cierre por parte del propio Consistorio, por entender que no se dan las condiciones idóneas para el almacenamiento de alimentos, algo que la asociación rechaza. «Pasamos todas las inspecciones del Banco de Alimentos», defiende el presidente de la asociación, Israel Medina.
«Quiero que nos den una solución», prosiguió el representante vecinal, quien además asegura que el 90% de las personas que acuden a la distribución de comida -alrededor de un millar de vecinos desde el año 2014- vienen derivadas de los servicios sociales municipales. De hecho, en el tiempo han coincidido la orden de clausura de la actividad con las cartas de derivación que emiten los trabajadores sociales. Así, hay casos como el de una familia, formada por cinco miembros -dos de ellos, menores de edad-, a la que el pasado jueves se le dio la instrucción de que pasara por Cofiris para obtener alimentos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Unos días antes, se había emitido la orden de desalojo del local donde Cofiris almacena los productos que le suministra el Banco de Alimentos.
«A día de hoy, seguimos recibiendo escritos de derivación de personas con necesidades del propio Ayuntamiento para que se les atienda durante los próximos días, semanas y meses», prosigue el escrito registrado este lunes, «nos resulta imposible de entender que mientras se nos está ordenando abandonar esta dependencia, se nos siga derivando nuevos usuarios por parte de la misma institución pública que nos imposibilita seguir con nuestra actividad social».
La situación es desesperada porque el plazo para el desalojo del centro, que está en la calle Francisco Inglott Artiles, en el barrio capitalino de Zárate, se cumple este miércoles.
El espacio que deben desocupar es el centro cívico, donde tienen dos salas. El inmueble tiene una de sus alas cerradas, lo que no se entiende por parte de Medina, quien demanda la cesión de otro local para no cortar la ayuda que se presta a una media de treinta familias cada mes. «También están cerrados la antigua guardería y la vieja facultad de Veterinaria», prosiguió el representante vecinal.
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El presidente de Cofiris no entiende que se cierre un recurso de reparto de alimentos sin ofrecer una alternativa a sus beneficiarios. «Ellos presumen de ayudar a la gente», apunta al Ayuntamiento, «pero a ninguna de las treinta familias a las que repartimos alimento este fin de semana se les ha ofrecido la posibilidad de tener una tarjeta para hacer la compra en el supermercado».
Este periódico intentó conocer la versión del grupo de gobierno municipal respecto a estos hechos pero no hubo respuesta a las preguntas trasladadas.
Por su parte, el viceportavoz del PP en el Consistorio, Ángel Sabroso, calificó este lunes como «indigno y retorcido que mientras el alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), desahucia a la Asociación Cofiris del local social de Zárate, propiedad municipal, les siga remitiendo a familias para recoger alimentos hasta el mes de octubre».
«El pasado viernes mi compañera María Amador y yo mismo asistimos al reparto de comida, para así ver la labor altruista que hacen. Son repartos autorizados, que reciben inspecciones y una supervisión permanente, algo que parece pasar por alto el grupo de gobierno cuando les expedienta por almacenar comida no perecedera», aseguró Sabroso a través de una nota de prensa.
El edil recordó que las personas que acuden a este centro tienen un informe de valoración social y acuden a recoger alimentos porque así lo determinan los trabajadores sociales. Sabroso tildó como «vergonzosas» las declaraciones de Hidalgo el pasado viernes, cuando dijo, en referencia a Cofiris, «que están utilizando un centro que no es suyo y que, por tanto, es su responsabilidad buscar la solución, porque tienen un contrato con el banco de alimentos».
«Encima Hidalgo afirma que la organización no gubernamental realiza una actividad privada, como si la ONG hubiera montado un bar, cuando la realidad es que está sacando las castañas del fuego al propio Ayuntamiento, lejos de ofrecer la ayuda y alternativa que Cofiris merece por el trabajo solidario y desinteresado que llevan años haciendo», agregó el edil. En el municipio hay más de 70 bancos de alimentos a los que el Ayuntamiento deriva personas. Algunas de estas entidades se han visto obligadas al cierre como consecuencia de la falta de apoyo municipal. «El PSOE y sus socios no quieren que se vean las colas del hambre», sentencia Sabroso.
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