Imagen de las mascarillas 3M que llegaron a Gran Canaria y que fueron destruidas. / C7

RR7, a la espera del SCS para el nuevo pedido de mascarillas

La mercantil ha hecho el ofrecimiento de comprar un lote de 1,2 millones de FFP3 para así cumplir con el acuerdo, como anunciaron al fiscal

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

La empresa RR7 United SL está a la espera de la respuesta que les ofrezca la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias acerca de la propuesta formulada de traer en un corto espacio de tiempo un nuevo lote de mascarillas FFP3 para así poder cumplir con el compromiso suscrito en mayo de 2020 y que dio lugar al denominado caso Mascarillas.

Esta intención la plasmó el letrado de los servicios jurídicos de la compañía en un documento remitido al Servicio Canario de Salud (SCS) el pasado martes, después de que el administrador único de la mercantil, Rayco González, declarase al fiscal Anticorrupción que su intención en todo momento siempre había sido la de cumplir con el compromiso, a pesar de los posibles litigios que mantengan de forma paralela.

Como informó este periódico el pasado sábado, Rayco González ha mantenido diferentes contactos con empresas distribuidoras de material sanitario con el objetivo de conseguir un lote de 1,2 millones de mascarillas FFP3, que era lo que acordó con el SCS tras la destrucción del material 3M que llegó al aeropuerto de Gran Canaria. Tras varias negociaciones, han conseguido una empresa que les puede suministrar el material en un corto espacio de tiempo, y por ese motivo han trasladado esa propuesta al organismo autonómico, para así dar por cerrado el contrato.

El SCS envió a RR7 United SL el acuse de recibo de esta oferta el pasado miércoles y ahora la adjudicataria está a la espera de que admitan o no este ofrecimiento para dar luz verde a la operación, que en cualquier caso, correría a cargo de la propia sociedad limitada.

El empresario grancanario explicó al representante del Ministerio Fiscal Javier Ródenas durante su comparecencia -que lo investiga por la presunta comisión de un delito de estafa y al propio SCS por supuesto cohecho y malversación de caudales públicos- que no iba a «permitir que no se sirvan las mascarillas» ya que, según su versión, el que «incumplió el acuerdo» fue el proveedor Ihsan Mahmhoud, al que conoció en su día por medio del intermediario grancanario Lucas Cruz, que cobró un adelanto de comisión por esta operación fallida de 25.000 euros.

Este ofrecimiento podría estar en consonancia con lo manifestado esta semana por el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, quien manifestó en sede parlamentaria que iban a recuperar «en dinero o en especies» lo pagado por unas mascarillas por las que abonaro n cuatro millones de euros pero que nunca llegaron a los hospitales de las islas.

En dinero es una tarea harto complicada, según las fuentes consultadas, debido a que RR7 United SL ya gastó 2,6 millones de euros de los cuatro ingresados en la compra fallida del primer lote que llegó a Gran Canaria y que fue destruido, bien porque se trataba de un producto falsificado, o porque carecía de homologación en Europa.

Por este motivo, la vía de la reposición del material adquirido en tercera instancia -tras una segunda en la que el proveedor presuntamente no atendió al encargo de RR7- sería una alternativa para que Sanidad recupere la inversión realizada.

Ahora, la discrepancia podría residir en el coste y cantidad del producto que deben de suministrar. RR7 United SL se mantiene en que compraría lo acordado, es decir, 1,2 millones tras la modificación realizada en el acuerdo suscrito entre ambos el 29 de junio de 2021, pero el precio de las FFP3 ahora es notablemente inferior al que tenían cuando se suscribió el mismo.

Sacando la calculadora, cada mascarilla FFP3 costaría al erario público 3,33 euros, teniendo en cuenta que se pagaron cuatro millones por ese cargamento, una cantidad notablemente superior a los cerca de un euro que cuesta de media este producto en la actualidad en las farmacias.

De aceptar este acuerdo, la Consejería de Sanidad tendría que negociar el pago de los más de 800.000 euros que ha estimado la Agencia Tributaria canaria que debe de abonar la mercantil RR7 United SL en concepto de intereses de demora dentro del procedimiento de apremio iniciado el pasado 13 de mayo de 2021.