Canarias denunciará al Supremo que tras 116 días de su auto ningún menor ha salido de las islas
El Ejecutivo regional pone el foco en la «nula» respuesta del Gobierno de España a los niños, niñas y adolescentes con asilo: «No hay ninguna plaza encima de la mesa»
El Gobierno de Canarias informará al Tribunal Supremo de la «nula» respuesta del Ejecutivo de España a los menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo. «116 días después del auto del Supremo, que le daba diez días al Estado, ningún menor ha salido de las islas», afirmó este lunes el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello.
Los centros de menores de las islas están «en una situación de hacinamiento y esa situación de hacinamiento es la que propicia unas medidas cautelares positivas del Supremo que obligan a que el Gobierno del Estado responda. Hay que recordar que han pasado 116 días», pero el Alto Tribunal dio diez al Estado. «Yo creo que aquí no caben más trucos», lamentó el también viceconsejero de Presidencia.
Cabello lamentó que el Estado no estuviera dando «la cara» y poniendo «encima de la mesa las plazas y en qué comunidad autónoma están y empezar con los traslados. Esa es la situación en la que se encuentra Canarias». Pero «no hay ninguna plaza encima de la mesa. Ni siquiera las del Canarias 50 porque estaban condicionadas a unas obras que no han concluido todavía. Esa es la realidad en la que nos seguimos encontrando».
Este panorama es el que el Gobierno de Canarias trasladará al Tribunal Supremo, pues según su auto, cada quince días Estado y Ejecutivo regional deben informar de los avances. Hasta ahora, lo único que para el archipiélago se ha consolidado es que el Gobierno incorpore a 946 niños, niñas y adolescentes con asilo al Sistema de Protección Internacional. Sin embargo, Cabello se queja de que a ninguno de ellos, pese a que el archipiélago ha preparado sus expedientes individualizados, ha sido entrevistado. Ninguno ha salido de un centro de las islas.
Preguntado si ese informe es el que trasladarán de manera conjunta con el Estado, pues esta es la fórmula que ha pedido el Supremo, Cabello dijo que se estaba discutiendo. «El Supremo tiene que ser consciente de esto. Cuando usted le dio diez días al Gobierno del Estado para que cumpliera, han pasado 116 y estamos discutiendo dónde y cómo. Es que esto no es de recibo desde ninguna perspectiva», abundó el portavoz.
Pequeños pasos
Más optimista se mostró el presidente canario, Fernando Clavijo, al menos en lo que atañe al resto de menores extranjeros no acompañados. Aunque «queda batalla», la aprobación este martes del decreto que define y desarrolla la modificación de la Ley de Extranjería y el próximo decreto en el que se definirá la capacidad ordinaria y la contingencia migratoria acerca a las islas a «ese ansiado objetivo» del reparto de menores, dijo.
«Nos gustaría que fuera más rápido», señaló, pero aunque «queda batalla», en particular en lo referente a los asilados, se van «dando pasitos», dijo, confiando, en que el 28 de agosto, fecha que dio la ministra de Infancia, Sira Rego, para que comiencen las derivaciones, se cumpla.
Cabello, que eludió criticar al PP –que cogobierna con CC en las islas– por la oposición de las comunidades conservadoras a aceptar menores migrantes, sí pidió con vehemencia que en esta materia el Estado debe cumplir y hacer cumplir la ley. «Hasta once comunidades han presentado recurso ante el Constitucional en contra de la aplicación del decreto que permite el reparto. Pero la realidad es que la ley está plenamente en vigor y que se debe cumplir. Tengo la tranquilidad de que esa ley ha sido validada por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma Canaria, por la Abogacía del Estado, por los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados. ¿Qué más garantías son necesarias para el cumplimiento de una ley? Lo que hay que hacer es que se aplique y esperamos que mañana vaya ese decreto al Consejo de Ministros y que se comience con la activación de ese artículo 35 de la Ley de Extranjería que permita que el 28 de agosto comience la adecuación de esos menores hacia el resto del Estado español».
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