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Imagen de archivo. Juan Carlos Alonso
Los agentes sanitarios: «Es dinero publico y hay que buscar hasta el último euro de las mascarillas»

Los agentes sanitarios: «Es dinero público y hay que buscar hasta el último euro de las mascarillas»

caso mascarillas ·

Sindicatos sanitarios y colegios profesionales remarcan la presunción de inocencia y reparan en la importancia de dirimir responsabilidades judiciales y políticas

Odra Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de julio 2022

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Mascarillas, pandemia, comisiones, inseguridad administrativa, falta de garantía, dinero público malversado, querella de anticorrupción, Canarias... En estas claves se mueven las reacciones de los agentes sanitarios. A todos ha sorprendido que la Consejería de Sanidad y, en concreto, el Servicio Canario de Salud (SCS) se haya visto envuelto en un escándalo de este nivel pero, sobre todo, les llama la atención la desaparición de4 millones de euros de dinero público y de la manera en que se ha producido.

Representantes de sindicatos de la mesa sectorial de Sanidad y colegios profesionales del sector defienden, sin lugar a dudas, la presunción de inocencia de los implicados y dejan en manos de la Justicia que se diriman las responsabilidades pertinentes en el caso Mascarillas.

«Conocer qué, quién, cómo y por qué ha pasado» es lo más acuciante, en opinión de Fran Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, quien solicita a la Fiscalía Anticorrupción -que se ha querellado contra el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y el responsable de RR7 United, Rayco Rubén González, por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales- que investigue y dirima responsabilidades. «En un momento tan delicado como en esa época, en plena pandemia, que la Consejería de Sanidad haya hecho las cosas de mala fe no tiene ninguna razón», comenta.

«Es un verdadero escándalo y alguien debe responder por ello. No se puede actuar como si no hubiera pasado nada»

En líneas generales todos los agentes sanitarios respaldan estas afirmaciones. Maribel Ramírez, de CCOO, destaca que cualquier «indicio de delito, en este o cualquier otro ámbito, debe ser investigado y depurar responsabilidades». Desde esta fuerza sindical se considera que no solo se debe demostrar si la administración sanitaria incurrió en ello y dictar sentencia, sino que se debe «buscar y recuperar hasta el último euro del dinero público invertido».

Desde Intersindical Canaria (IC), su portavoz Ruymán Pérez, recuerda que de manera reiterativa el sindicato que representa ha denunciado el «aislamiento de información y las formas de actuar» de la administración en aquellos momentos difíciles «en los que el personal estaba expuesto por completo al riesgo que suponía enfrentarse a la pandemia».

«Se debe investigar hasta el final con todas las consecuencias el por qué se contrató a empresas que no tenían nada que ver con el sector y qué relación había entre los contratantes y contratados. Es un asunto turbio que finalmente siempre paga el contribuyente y en este caso el personal sanitario», añade.

«Conocer qué, quién, cómo y por qué ha pasado este caso Mascarillas es lo más acuciante»

«Con la mejor voluntad»

Leopoldo Cejas, por su parte, considera que Domínguez o, en su caso, la Consejería de Sanidad hizo esta compra con la «mejor voluntad debido a la presión e incertidumbre del momento». Cejas recalca que esto «no quita que se investigue, se determine qué ha pasado» y que se recupera el dinero «abonado de forma anticipada».

La Fiscalía de Anticorrupción hace hincapié en que a pesar de la urgencia de tener mascarillas para los profesionales, el SCS debió seguir el procedimiento administrativo «cuidando el gasto público», señala el secretario autonómico de Acción Sindical de SATSE Canarias Satse, para añadir que, en líneas generales, en ese momento tan delicado «los precios se inflaron hasta cifras descomunales y muchas personas querían hacerse rico a costas de las necesidades de los demás».

En opinión de Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP) es necesario «aclarar todas» las responsabilidades judiciales, pero «también las políticas y administrativas», y le corresponde actuar a la Justicia pero, también, al Gobierno de Canarias, que «debe adoptar las decisiones oportunas en el ámbito político y de gestión del SCS».

La desaparición de 4 millones de euros de dinero público, de la manera en que se ha producido además, «es un verdadero escándalo y alguien debe responder por ello. Es lo lógico y lo mínimo que desde la sociedad civil y desde la representación de los profesionales del ámbito sanitario debemos exigir al Gobierno de Canarias. No se puede actuar como si no hubiera pasado nada», agrega Mendoza.

Asamblea 7Islas exige a los implicados del Ejecutivo canario que pongan «todo de su parte para facilitar y aclarar todo lo concerniente a este contrato» en el juzgado. Su portavoz Octavio Sánchez reconoce que, si bien es cierto que se estableció en un momento «muy crítico y en un contexto de escasez y necesidad vital en la adquisición del material de protección individual, se cerraron contratos con demasiada celeridad».

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