FMI: «No hay motivos económicos para retrasar la transición energética»

Los acuerdos de París rubricados por 192 países y la Unión Europea están a punto de cumplir siete años y el objetivo de reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 son cada vez más complicados. «La economía global debe emitir un 25% menos que en 2022 para cumplir con las metas a finales de la década», advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe World Economic Outlook.

«Décadas de procrastinación han transformado lo que podría haber sido una transición lenta a una sociedad neutral en carbono en una más abrupta», denuncian los economistas del FMI. Un coste que tendrá un impacto en la economía mundial. Según sus estimaciones, cuanto más se tarde en abordar el problema climático, menos crecerá el PIB global. «La desaceleración podría ser entre un 0,15% y un 0,25% y la inflación podría aumentar entre un 0,1% y un 0,4%», cuantifica el organismo internacional.

«Las políticas climáticas requeridas deben implementarse de inmediato», denuncian los economistas del Fondo Monetario Internacional. En la actualidad, «ningún país del G-20 está cumpliendo con los compromisos de París», señala PwC en una investigación.

El estallido de la guerra en Ucrania ha cambiado el paso de las políticas energéticas de las grandes economías. «Para reducir el consumo de gas habrá que utilizar más las centrales eléctricas de carbón», avisaba hace unos meses el vicecanciller alemán, ministro de Economía y Protección Climática y uno de los principales representantes de Los Verdes, Robert Habeck.

La vuelta a la quema del carbón supone un frenazo en seco a las aspiraciones comunitarias que reducir al 55% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 frente a una base de 1990. Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el pasado mes de diciembre, Estados Unidos y la Unión Europea registraron los mayores aumentos en el uso de carbón, con alzas de cerca de 20% cada uno; seguidos por India, con 12%.

«Las políticas climáticas deben ser creíbles», explican los economistas del FMI. «Hay que ofrecer incentivos para la inversión y desarrollo en tecnologías neutras en carbono para cambiar los patrones de consumo», detallan.

En esta última edición del World Economic Outlook, el organismo presidido por Kristalina Gueorguieva denuncian el doble juego de los gobiernos: «Anuncian políticas de reducción de carbono, pero tienen incentivos para incumplirlas para tratar de maximizar la producción o el empleo o salvaguardar intereses particulares durante sus mandatos». Una inconsistencia que dibujan de forma paralela a las «decisiones de banqueros centrales preocupados por la inflación y el desempleo a corto plazo que conducen a una mayor inflación y sin ganancias en materia laboral».

A finales del pasado mes de septiembre, la Comisión Europea presentó su tercera revisión de la aplicación de la política medioambiental (EIR, por sus siglas en inglés). Un nuevo toque de atención para España: «Es uno de los Estados miembros con los impuestos medioambientales más bajos de la UE en relación con su producto interior bruto nacional», aseguraba el texto.

En este sentido, los costes a menudo se perciben, apunta el FMI, como claros y presentes, mientras que los beneficios se ven como distantes e inciertos, a pesar de la abrumadora evidencia de que cualquier coste a corto plazo se verá eclipsado por los beneficios a largo plazo de detener el cambio climático».

La transición energética conlleva un giro de 180 grados en el modelo productivo actual, un abandono de los combustibles fósiles por energías renovables y sostenibles, «lo que requeriría una combinación de un aumento sostenido y grande de los impuestos sobres las emisiones GEI, regulaciones sobre estas y una gran inversión en energías bajas en carbono», advierte el FMI.

Un cambio que necesita «una coordinación internacional en la tributación de los gases de efecto invernadero», justifica. «Porque los mercados emergentes también tienen que acelerar el ritmo», apostillan.

En su texto, el organismo internacional defiende que la lucha contra el cambio climático no tiene por qué producir un shock en la economía, aunque «hay poco consenso a corto plazo». En los últimos meses, la inflación de la energía ha contribuido en gran medida a la inflación general en todos los países: representó casi el 25% de la inflación general en EEUU y el 60% en la zona euro en febrero de 2022.

Aumentar la presión fiscal sobre los viejos modelos productivos o asentados sobre los combustibles fósiles «pueden ayudar a acelerar la transición», defiende el FMI. A finales de la década de los 90, Eurostat, la Comisión Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia Internacional de la Energía (IEA) lanzaron los llamados impuestos ambientales que son «aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico sobre el medioambiente».

Es decir, «quien contamina paga». «Subir los impuestos GEI aumenta el precio de los combustibles fósiles», señalan. Un golpe directo a los bolsillos de las familias que ven cómo el coste de ciertos productos aumentan a mayor ritmo que sus ingresos. No obstante, el FMI defiende que «estos tributos generan ingresos fiscales se pueden asignar de formas diferentes para aliviar su impacto negativo en el consumo, reducir la inflación y compensar la pérdida de poder adquisitivo en hogares de bajos ingresos».