La gestión de la dependencia, sin medios ni control

09/06/2019

El tiempo que transcurre entre la solicitud y el reconocimiento de la situación puede demorarse hasta un año y medio, según el proyecto de informe que está elaborando la Audiencia de Cuentas de Canarias y que radiografía minuciosamente el sistema.

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lleva años denunciando la situación de la dependencia en Canarias. También la oposición al Gobierno de Canarias durante los dos últimos años ha estado criticando la gestión de la Consejería de Asuntos Sociales e incluso reprobó a la consejera del área, Cristina Valido. Igualmente, las familias de personas dependientes que, en muchas ocasiones, se han visto obligadas a acudir a la Defensoría del Pueblo.

A todas estas críticas se sumaron a finales del pasado año las de la plantilla de la Consejería dedicada a dependencia. En esta ocasión fue por el nuevo decreto que quería aprobar Cristina Valido. Según los trabajadores y trabajadoras el texto que se proponía –elaborado por una empresa privada por unos 18.000 euros–, aumentaría el «caos» de la dependencia en Canarias.

Todos esos reproches se ven ahora reflejados en el proyecto de informe sobre el funcionamiento de la residencia de mayores de Agüimes en los años 2014, 2015 y 2016 que prepara la Audiencia de Cuentas de Canarias y que arroja una minuciosa radiografía del sistema.

En las conclusiones del informe destaca que la Audiencia de Cuentas «ha constatado que la falta de recursos personales y medios informáticos adecuados dificulta el cumplimiento de la mayoría de los plazos establecidos en la normativa», pese a la «profesionalidad del personal del Servicio de Valoración y Orientación.

Para empezar, las citas para información y orientación se dan entre una y tres semanas después de solicitadas y solo se dedican 15 minutos por persona. Una vez presentada la documentación, si no reúne o no se aportan los requisitos establecidos se establece un plazo de 10 días hábiles dando por desistida la petición si no se atiende este requerimiento, lo cual no se hacía hasta octubre de 2018 por no disponer «de personal suficiente».

Por otro lado, si se presenta completa no se procede a grabar las solicitudes de inmediato. Así, la Audiencia de Cuentas constató que en octubre de 2018 se estaba procediendo a la grabación de las solicitudes presentadas en marzo de ese año, es decir, «lleva un retraso de aproximadamente seis meses».

Las citas en el proceso de valoración se establecen por semestre y hasta que no se finaliza no se empieza con el siguiente, comenzando siempre por las «prioritarias», esto es, menores de 3 años, menores de 21 años, mayores de 80 años, personas necesitadas de tercera persona y cuidados paliativos y ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

En junio de 2018, recoge el proyecto de informe, «se están realizando las valoraciones del primer semestre de 2017, por lo que se lleva un retraso de aproximadamente entre un año y un año y medio».

Si a éste le sumamos los seis meses que se tarda en apuntar el expediente ya se alcanzan los dos años de proceso.

Tras la valoración llega la hora del dictamen. El proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas señala que se emiten unos 30 dictámenes semanales por cada uno de los dos equipos técnicos que existen para la provincia de Las Palmas. En ellos se establece los servicios y prestaciones que corresponden así como la recomendación del servicio y/o la prestación «adecuada a la situación analizada». Pues bien, «a principios de julio de 2018» se estaban emitiendo dictámenes correspondientes «a grabaciones de no prioritarios realizadas durante el primer semestre de 2016», esto es, dos años y medio después de entrar en el sistema.

Pero aún queda margen para el retraso. Tras la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia hay que elaborar un programa individual de atención (PIA). Para esto la ley establece un plazo máximo de tres meses, sin embargo, añade el proyecto de informe, «se ha verificado que, en la mayoría de los casos, no se cumple con el plazo máximo».

Es aquí donde se produce el llamado limbo de la dependencia, personas con derecho a recibir una prestación económica o de servicio que, sin embargo, no reciben nada. A 30 de abril de 2019, última estadística publicada en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad) sobre datos canarios, 30.951 personas habían logrado un dictamen en el que se les reconocía uno de los tres grados establecidos para determinar la dependencia de una persona. De ellas, 22.271 tenían ya aprobado su PIA, el resto, 8.680 personas, se encontraban en el limbo. Según el 19º Dictamen del Observatorio de la Dependencia, en 2018 fallecieron 80 personas al día sin recibir su prestación y según los trabajadores y trabajadoras del sistema de dependencia de canarias, a mediados del pasado año tenían 5.330 resoluciones de extinción por fallecimiento que se encontraban pendientes de realizar.

Este es el periplo de un expediente para que se le reconozca la situación de dependencia a una persona. Pero ¿qué ocurre si la valoración es negativa? ¿Y si la situación cambia?

En el primer caso se puede elevar un recurso de alzada. No hay un límite de tiempo para que la administración responda. En el segundo caso hay que presentar nuevos informe médicos y se espera por una nueva valoración, dictamen y nuevo PIA.

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