La atención a la dependencia en las islas no despega once años después
Canarias ha suspendido en todos los dictámenes elaborados por el Observatorio Estatal para la Dependencia. 10.005 personas con su derecho reconocido no perciben su prestación y 12.958 siguen esperando a que se estudien su casos.
Lunes, 24 de septiembre 2018, 07:41
Jennifer Jiménez (ahora.plus) Las palmas de gran canaria
El sistema de atención a la dependencia de Canarias es el peor desarrollado de toda España. Lo dicen una y otra vez los dictámenes del Observatorio Estatal, basándose en los datos del Imserso. Según resume José Miguel Ramírez, presidente de la asociación estatal de gerentes y directores sociales, la histórica desidia del Gobierno de Canarias en los años de su implantación, unida a los recortes, son las principales causas.
Sin embargo, comunidades con el mismo retraso histórico como Valencia sí que han sabido revertir en los últimos años la situación gracias a la gestión de su Gobierno autonómico. Lo ha logrado «inyectando más presupuesto» y mejorando su gestión al incorporar una estructura organizativa más ágil, explica.
Si tenemos en cuenta los últimos datos publicados por el Imserso, los de julio de 2018, en Canarias hay 10.005 personas que, a pesar de haber sido reconocidas como dependientes de pleno derecho, siguen esperando por esa solicitud. Es cierto que con la llegada de Patricia Hernández (PSOE) a la Consejería de Políticas Sociales se empezó a percibir un cambio de tendencia respecto a su antecesora, Inés Rojas (CC), para lo cual hubo que hacer cambios en cuanto a planificación. De hecho, en el año 2016 se logró la cifra histórica de incorporar 3.000 altas más al sistema.
Para lograrlo, la socialista recuerda que se contrataron a 22 personas más entre administrativos, juristas o trabajadores sociales para agilizar las cajas que se amontonaban con solicitudes de ayuda a la dependencia que aún no se habían estudiado. Con un poco más de orden en la consejería y la experiencia de esas miles de altas que se atendieron, la consejera Cristina Valido (CC), que tomó el relevo a inicios de 2017 tras la ruptura del pacto autonómico, logró también una mejoría en la lista de espera. Sin embargo, desde la asociación estatal de Directores y Gerentes Sociales insisten en que el ritmo es muy lento. La situación que se dibuja está tan alejada del objetivo que Ramírez considera que tiene una difícil solución si no se realiza una fuerte inversión pública y si no se recuperan las partidas que se dejaron de destinar a Políticas Sociales por los recortes. Considera que CC tuvo una oportunidad histórica de conseguir más partidas para dependencia en la negociación de los últimos presupuestos de Mariano Rajoy.
La realidad actual es que Canarias es la comunidad con menos beneficiarios dentro del sistema, con la lista de espera más alta y con menor desarrollo de la dependencia y de los servicios sociales y tiene el gasto público por habitante en dependencia más bajo de todo el país. Destina solo 54,29 euros por persona y año, frente a los 129,72 euros de media estatal. Un dato que el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes Sociales destaca como prueba del considerable retraso de la implantación del sistema de ayuda a la dependencia.
Patricia Hernández sostiene que, de haber tenido los recursos que hay ahora y con las vías que forjó su equipo durante el primer año, ya que «no solo era una cuestión de dinero; no había orden», habría logrado que en 2017 unas 4.000 personas más fueran beneficiarias. En 2015, además, existía disparidad de criterios, no había una instrucción clara.
Un ejemplo de ello es la diferencia entre islas para conceder el grado de discapacidad a niños con cáncer. Hubo que unificar criterios aplicando el que más beneficioso resultase para el conjunto de ciudadanos. También se cambió la prioridad para acabar con la espera en dependencia menores de 21 años, aplicando la pauta de edad y gravedad.
También sigue atascada la tramitación de solicitudes y no solo en las personas que a pesar de haber sido reconocidas siguen esperando. Es decir, el mes de julio cierra con 48.543 personas que han presentado la ayuda y, de ellas, 12.958 siguen esperando a que se estudie su caso, también según los datos que se pueden comprobar en el Imserso.
Sobre la polémica suscitada por la fórmula de copago en las residencias, Patricia Hernández recuerda que el decreto de 2014, que obliga a pagar en función de la renta es un objetivo por el que debe trabajar la actual consejera, aunque su aplicación sea difícil. «Inaplicable era cuando yo llegué», destaca. En este sentido, sostiene que durante el período en el que se ocupó de esta consejería se facilitó el camino para llegar a aplicar este decreto.
