La fiscalización de la residencia de Agüimes carga contra el Gobierno

04/06/2019

La Audiencia de Cuentas tiene previsto aprobar esta semana el dictamen del convenio suscrito entre el Gobierno regional y el Cabildo de Gran Canaria para concertar plazas de residencia de mayores, con especial incidencia en la de Agüimes.

El informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre el funcionamiento de la residencia de mayores de Agüimes en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 carga las tintas contra el funcionamiento de la dependencia en el Gobierno de Canarias, al detectar falta de personal, ausencia de mecanismos de control y un incumplimiento casi sistemático de los plazos para la tramitación de los expedientes.

Según el borrador de dictamen, que tiene fecha de 23 de mayo pero cuya aprobación se ha fijado para el pleno de esta semana -se demoró al entender los consejeros que era preferible no aprobarlo en campaña electoral-, el análisis del procedimiento seguido en las ayudas a personas dependientes pone en evidencia «la falta de recursos personales y de medios informáticos adecuados», lo que «dificulta el cumplimiento de la mayoría de los plazos establecidos en la normativa, a pesar de la profesionalidad del Servicio de Valoración y Orientación de la situación de Dependencia II (Las Palmas)». Asimismo, se alerta sobre el hecho de que «en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad no existe un sistema formal de control interno, por lo que el riesgo de que no se tramiten, adecuadamente, los expedientes de la dependencia es alto». Agrega el informe que se ha detectado la «inaplicación» del decreto por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria de las ayudas y su participación económica en el coste de los servicios, «así como la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad Autónoma de Canarias, en los aspectos relativos a la participación económica de los beneficiarios en el coste de los servicios de atención a la dependencia». La consecuencia esto último es «un escenario heterogéneo en la participación de los usuarios en el mantenimiento» del sistema de dependencia, «contrario al principio de igualdad» recogido en la legislación.

Por si fuera poco, agrega la Audiencia de Cuentas que el Gobierno era conocedor de esta situación «mediante informes de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, así como por los informes de control financiero emitidos por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias».

Con ese escenario de carencias e inaplicación de la normativa legal, «la función de inspección competencia de la Comunidad Autónoma de los centros de atención a la dependencia es mínima, atendiendo exclusivamente a los casos de mayor urgencia derivados de quejas o denuncias, no realizándose seguimiento de las incidencias derivadas de las actas, ni tramitándose expediente sancionador alguno».

Seguidamente, el informe relata los hitos de las denuncias de familiares de residentes en el centro de Agüimes, con doce usuarios que presentaron reclamación económica. Pone en evidencia que hasta julio de 2016 se aplicó un copago indebido, además de que el Ayuntamiento «no ha efectuado ninguna inspección en la residencia en el periodo fiscalizado, no ha fijado un procedimiento de inspección (...) y no constituyó la Comisión de Seguimiento del Convenio».

El informe, tras pasar por el pleno, es susceptible de alegaciones de las administraciones afectadas.