USO proyecta pedir al menos 8 años de cárcel por fraude en Seguridad Integral

23/05/2019

El sindicato USO proyecta reclamar al menos 8 años de cárcel a Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas por fraudes cometidos en la gestión de la empresa Seguridad Integral Canaria, que sostiene dejó de abonar 20 millones de euros entre dinero que ocultó a Seguridad Social y Hacienda.

Un dinero que Seguridad Integral Canaria evitó pagar camuflando gastos por los que estaba obligada a cotizar, bien al no declararlos o al hacerlo falseando la realidad, presentando, por ejemplo, horas extras como dietas o kilometrajes no sujetos a retenciones, y cuya cuantía total ha ido aumentando hasta llegar a esos 20 millones según se ha ido investigando a la empresa, afirma el sindicato.

Personado como acusación particular en un caso que tramita el Juzgado de Instrucción número 8 para determinar la responsabilidad penal que, de considerarse probados los hechos, podrían tener que afrontar Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, USO ha dado a conocer sus estimaciones este miércoles coincidiendo con una citación de ambos para declarar en el marco de ese proceso.

Su nueva comparecencia ante el juez, una más de las varias por las que han pasado en el transcurso de una investigación judicial que se inició a raíz de una denuncia de la organización laboral un lustro atrás, en 2014, estaba motivada precisamente por existir nuevos informes que apuntan a que el proceder ilícito de Seguridad Integral se prolongó más años de los constatados al principio.

Puesto que, según ha expuesto el abogado y acusador particular de USO, Ismael Franco, si bien en el primer instante se denunció el supuesto fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria solo en relación a lo sucedido en los años 2008 y 2009, luego se han ido ampliando las averiguaciones a otros años de actividad de la empresa.

Hasta el punto -ha destacado- de que inspectores de Trabajo y Seguridad Social que han estudiado el asunto decidieron extender sus pesquisas un ejercicio tras otro llegando al de 2017, algo que les llevó a comprobar que la presunta actuación delictiva de la compañía era continuada en el tiempo y que, en consecuencia, el volumen del dinero defraudado era mayor de lo que se calculaba.

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Así, la cuantía real ascendería, globalmente, al menos a 20 millones de euros, ha detallado el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO en Canarias, Juan Díaz.

Dirigente sindical que ha precisado que, en proporción a ese volumen de fraude, su organización prevé que, una vez que el caso supere la fase de instrucción y sea llevado a juicio, pedirá un mínimo de 8 años de prisión como condena para las personas a las que apunta como sus responsables, Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas.

USO, de hecho, ha querido reiterar a ambos sus críticas por un proceder que Díaz ha recalcado que "ha perjudicado a muchísimos trabajadores, porque hay unos 3.000 en Canarias, pero llegan a 5.000 en toda España" por los servicios públicos que se adjudicó Seguridad Integral en Madrid y otras ciudades, con una concentración de denuncia.

En ella han participado sindicalistas que han aguardado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria la llegada de los dos, aunque sin encontrarse con Héctor de Armas porque, según ha dicho su portavoz, "entró a primerísima hora para eludir la protesta".

Quien sí entró rodeado por los manifestantes fue Ramírez, que, abordado por periodistas, ha dicho no querer responder a las acusaciones ni demás planteamientos de sus acusadores, aunque ha aclarado que su defensa respecto a la ampliación de la acusación de fraude por la que se le citó se basa en el planteamiento de que no se le pueden imputar delitos cometidos después de 2011.

Año ese en que dejó de ser propietario de la empresa y la cedió a Héctor de Armas, que es, por ello, la persona a la que , en todo caso, habría que pedir explicaciones sobre el asunto, ha argumentado.

Porque "yo no puedo responder de una gestión que no administré", ha declarado, de forma concisa, al respecto.