Declaró como investigado ante el juez

Ramírez culpa a Héctor De Armas ante el juez

23/05/2019

El empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, negó ayer ante el juez haber tenido responsabilidad alguna en el presunto fraude cometido en la gestión de Seguridad Integral Canaria (SIC) y alegó que la dirección de esta empresa estaba a cargo de Héctor de Armas, que también fue citado a declarar en calidad de investigado aunque no lo hizo por enfermedad.

Esta testimonio se enmarca dentro de las diligencias que en su día se iniciaron en el Juzgado de Instrucción número 6 y ahora, tras decisión de la Audiencia, se acumularon en el procedimiento ya existente en Instrucción 8 después de una querella presentada por el Ministerio Fiscal por un presunto delito contra la Seguridad Social y de defraudación tributaria cometido por Ramírez y De Armas entre los ejercicios contables de 2013 a 2017 y que, según el acta que levantó el organismo competente, había generado un fraude de 17 millones.

Ayer, Miguel Ángel Ramírez se desentendió de los hechos alegando que él fue administrador de SIC hasta el año 2011 y, por lo tanto, el responsable directo de la gestión de la empresa y de las supuestas actuaciones ilegales que le imputa la fiscal Evangelina Ríos era Héctor de Armas. Ramírez detalló que, en referencia a los años en los que fue administrador de SIC, pagaban las horas extras, las dietas y también compensaban con días libres y, tras la llegada de De Armas, desconocía «los acuerdos a los que se había llegado con los trabajadores».

Preguntado sobre la gestión realizada por Héctor de Armas, Ramírez dijo al magistrado Francisco Javier García García-Sotoca que «la empresa creció mucho y que el indicador normal de que la empresa iba bien era porque ganaba concursos públicos» y eso requería «solvencia económica y estar al día en Hacienda», manifestó, apuntando que al mismo tiempo estaba «en otros negocios» y por eso lo dejó todo en manos de De Armas, con quien negó haber intercambiado «impresiones sobre SIC» y que, tras llegar a un acuerdo de pago con la Seguridad Social, «no podía imaginar que el nuevo administrador no estuviera haciendo lo mismo» que no era otra cosa que «solucionar los problemas. Yo tengo otros negocios y no me preocupaba para nada SIC, así que agradecía que me la hubiera quitado de encima. No tenía ninguna obligación de preguntarle al responsable jurídico de la sociedad cómo iban las cosas» ya que De Armas «lo hacia bien». Apuntó en su declaración que siempre se había «fiado» de Héctor de Armas, que «nunca había tenido una llamada al orden por su gestión» y que confiaba en él puesto que «venía de empresas muy fuertes y era muy solvente».

Manifestó que el crecimiento de SIC no tenía «nada que ver con el abaratamiento de los costes de personal» y que si «Héctor subió mucho la facturación y bajo los costes, la propiedad –que ostentó hasta el pasado año– nunca se benefició de ello», dijo. Cuestionado acerca de la venta de SIC a De Armas por un euro, manifestó que lo hizo «porque había presentado unas cuentas que eran mucho trabajo para sacarlas adelante y Héctor quería quedársela» para luego repartir «acciones con sus directivos». SIC entró en concurso en enero de 2018 «por falta de tesorería ya que tenía embargos de la Seguridad Social y Hacienda. Tenían mas activo que pasivo y el problema era encajarlo dentro del plazo» por lo que fueron al concurso.

Informe pericial

También declaró la inspectora de trabajo que elaboró un informe pericial sobre la situación de SIC. Se ratificó en el contenido del mismo y dio detalles en referencia a que la empresa no cotizó por varios conceptos y tampoco abonó la diferencia que generó la anulación del convenio.

«La empresa no lo cotizaba directamente con independencia del convenio», dijo y preguntada si detectó que pagaban como dietas lo que eran horas extraordinarias, afirmó que «sí, que el convenio suprimía las horas festivas y ellos no aplicaban el convenio ya que reconocían las horas festivas, pero las pagaban con un concepto llamado dieta que esta excluido de cotización y no se reflejaban en las nóminas. Incluso, a algunos trabajadores les incluían el plus de vestuario y de transporte en las pagas extras», manifestó.

Baja médica para De Armas

Además de Miguel Ángel Ramírez y la técnico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, también estaba citado ayer para prestar declaración ante el magistrado el empresario Héctor de Armas. El mismo se presentó en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria pero su abogado interesó que fuese reconocido por un médico forense para que valorara si estaba o no en condiciones de declarar tras presentar un informe clínico. El magistrado acordó la suspensión de la declaración de este investigado por los delitos de defraudación tributaria y contra la Seguridad Social.

USO prevé solicitar ocho años de prisión para los dos empresarios

El sindicato USO dijo ayer que proyecta reclamar al menos 8 años de cárcel a Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas por fraudes cometidos en la gestión de la empresa Seguridad Integral Canaria que, sostiene, dejó de abonar 20 millones de euros entre dinero que ocultó a Seguridad Social y Hacienda.

Según el abogado y acusador particular de USO, Ismael Franco, si bien en el primer instante se denunció el supuesto fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria solo en relación a los años 2008 y 2009, luego fueron ampliando las averiguaciones a otros años de actividad de la empresa hasta el punto de que inspectores de Trabajo y Seguridad Social que estudiaron el asunto decidieron extender sus pesquisas llegando al de 2017. Así, la cuantía real ascendería, globalmente, al menos a 20 millones de euros, detalló el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO en Canarias, Juan Díaz. El dirigente sindical precisó que la gestión de Ramírez y De Armas «ha perjudicado a muchísimos trabajadores, porque hay unos 3.000 en Canarias, pero llegan a 5.000 en toda España» por los servicios públicos que se adjudicó Seguridad Integral en Madrid y otras ciudades. Ayer, protagonizaron una protesta en la puerta de la Ciudad de la Justicia.