Tras una querella de la Fiscalía

Ramírez declara cinco horas por crear supuestas empresas fantasma

09/04/2019

El empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, prestó ayer declaración durante cinco horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, en relación a la querella interpuesta por la Fiscalía Provincial que lo acusa de crear supuestas empresas fantasma para desviar fondos de Seguridad Integral Canaria (SIC). También declaró el administrador único de Ralons, Héctor de Armas.

Según fuentes judiciales, el empresario negó todos los hechos que le imputó la fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, en la querella que presentó en su contra y que fue admitida a trámite por la magistrada Ana Isabel de Vega Serrano.

La querella acusa a Miguel Ángel Ramírez y ocho personas más de su entorno –entre ellos su padre, primos y Héctor de Armas–, por presuntos delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores. La misma nace tras las pesquisas realizadas por Vigilancia Aduanera a Ramírez y sus allegados y que, según el Ministerio Público, destapa una densa una red de empresas fantasma con las que, presuntamente, opacaría capitales que suman los 37 millones. Ramírez, en su momento, negó los hechos apuntando que sufría una persecución por parte de la fiscal Evangelina Ríos.

Indicios.

Según la querella, existen indicios de hechos presuntamente delictivos que, aparentemente, tenían como finalidad el desvío de fondos desde Seguridad Integral Canaria (SIC) a otras empresas de las que el titular real de las mismas era el propio Miguel Ángel Ramírez. El mismo, según la Fiscalía, se sirvió de personas allegadas, como familiares y amigos que actuaban como meros detentadores de las participaciones o cargos sociales, para así evitar que fuese descubierta su finalidad real que no era otra que desviar esos fondos para evitar el embargo de SIC. Y todo ello, presutamente teniendo en cuenta que los trabajadores de esta empresa estuvieron sometidos a un convenio más restrictivo que el del sector y que fue anulado por el Supremo.