Tribunales

La denunciante: «Lo recuerdo todo como un verdadero despropósito»

18/09/2019

Lo recuerdo todo como un verdadero despropósito», afirmó ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial, Victoria Casas, la que fuera concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Brígida y que presentó la denuncia en 2004 que originó la investigación del denominado caso Brisan, una presunta trama de corrupción en el Consistorio satauteño en el periodo que comprende del año 2000 a 2005, cuando Carmelo Vega y Antonio Díaz eran alcaldes.

«Mi mosqueo llegó tras escuchar una discusión entre el alcalde Carmelo Vega y el concejal Luis Manuel Troya –ahora imputado– en la que hablaban sobre compras a la ferretería de Pedro Morales. Más tarde, Antonio Díaz me puso en aviso de que Troya formaba parte de la empresa de ferretería y comencé a recabar información e investigar», manifestó la testigo Victoria Casas.

Ayer, durante la primera sesión de este juicio, declararon los cuatro investigados –el exconcejal del Ayuntamiento de Santa Brígida Luis Manuel Troya, el empresario Pedro Morales y los interventores municipales Jacinto Hernández y Santiago Hernández– y todos negaron los hechos que le imputa el Ministerio Fiscal, representado por Miguel Pallarés. Todos ellos se enfrentan a peticiones de penas de cinco años de prisión salvo en el caso de Morales, para quien solicitan dos años y seis meses, acusados de tomar parte en una trama de pago de facturas falsas o engordadas a la ferretería de éste último que habría impulsado el concejal Luis Troya. Según el fiscal, el edil actuó «de común acuerdo con el otro acusado, Pedro Morales», y «especialmente en el periodo comprendido entre los años 2000 a 2005». El mismo, al acometer una de las supuestas operaciones fraudulentas, «siendo conocedor de que el total del material suministrado excedía lo previsto en la legislación aplicable para la contratación directa sin licitación (12.020,24 euros)» decidió «acudir la fraccionamiento del suministro para evitar, como resulta obvio, la contratación mediante concurso público», a pesar de que su proceder estaba «expresamente prohibido» por la Ley. Esa maniobra se repitió presuntamente en doce ocasiones, desembolsando en cada una de ellas el Ayuntamiento cantidades que oscilaron entre 23.902 y 186.568 euros, relata el fiscal.

Y añade que, al tiempo, Troya y Morales arreglaron el abono de 260 facturas por trabajos de transporte de materiales atribuidos a la ferretería y que en realidad llevaba a cabo personal municipal con vehículos públicos, sumando una cifra total de 40.494,47 euros «que han incorporado a su patrimonio ambos acusados».

Explicaciones.

El cabecilla de esta presunta trama, según el fiscal, Luis Troya, negó ayer todos los hechos que se le imputan y detalló que en ningún caso hizo negocios con el Ayuntamiento ya que se limitó a comprar una parte de la empresa de Morales y la misma no se encargó «jamás» de hacer trabajos para el Consistorio: «No quería ni podía hacerlo. Las compras del Ayuntamiento las siguió haciendo Morales con la parte de la empresa que se quedó», detalló.

Por su parte, el dueño de la ferretería señaló en la vista que «siempre he sido el que suministraba material al Ayuntamiento porque Luis no podía hacerlo. Nunca tuve un contrato y claro que no facturé más de la cuenta porque ni siquiera me han pagado aún lo que me deben. Facturábamos todos los vales y me deben más de 50.000 euros», dijo.

No hicieron nada ilegal

Por su parte, en la vista de ayer también declararon los interventores que presuntamente participaron en la trama. Tanto Santiago como Jacinto Hernández negaron las imputaciones y se limitaron a explicar que siempre actuaron bajo el amparo «de la legislación vigente» y las facturas pagadas nunca excedieron de los 12.000 euros. «El Tribunal de Cuentas no observó fraccionamiento», señalaron al Tribunal.