El ‘caso Brisan’ se despieza en cuatro

05/02/2010

La investigación judicial en torno a presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Santa Brígida da pie ahora, en virtud de un auto emitido ayer por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro piezas: la principal, en torno a Luis Troya, y otras tres separadas.

El juez Alberto Puebla notificó ayer a las partes el auto, contra el que cabe recurso de apelación o de reforma. La pieza principal se centra, según explica el juez, en Luis Troya y Pedro Morales; la pieza separada A recibe el nombre de «trama de las falsedades»; la B, «trama de Carmelo Vega» y la C, «trama de Saramema».


En el auto, el juez explica que «se divide el procedimiento en tantas piezas separadas como resulten necesarias, con la finalidad de organizar la instrucción separando cada una de las tramas investigadas, de manera que, eventualmente, se puedan celebrar juicios distintos entre las personas cuyos hechos sean diferentes, y un solo juicio por hechos cuando exista conexidad entre aquellos».


En la causa principal, el juez señala que se articula en torno a Luis Troya, en su día concejal del Ayuntamiento satauteño, y cómo concertó con Pedro Morales la adquisición de una gran cantidad de material en la Ferretería Morales Ravelo e Hijos. Previamente, Troya constituyó una sociedad en la que, a través de personas interpuestas, controlaba la citada empresa de ferretería. En el auto, se señala que esos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y falsificación documental.


La segunda causa surge al descubrir cómo los ex alcaldes Antonio Díaz Hernández y Antonio Ojeda buscaron una vía para justificar ante el Ayuntamiento unos gastos realizados en Cuba, apreciándose un posible delito de falsedad en documento público y otro de malversación.


La pieza relativa al también ex alcalde Carmelo Vega indaga en los pagos municipales a empresas de su propiedad, con un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.


En la «trama de Saramema» se apuntan los delitos de prevaricación, fraudes y exacciones ilegales.