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Luis Troya ingresó 388.000 euros de origen desconocido

Jueves, 1 de enero 1970

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La Guardia Civil no ha logrado averigurar el origen de 348.000 euros abonados por la ferreteria de Luis Troya a la empresa Morales Ravelo, a la que arrendó ese negocio en 2004, ni el de 40.000 euros ingresados por la madre del ex concejal en una cuenta de la ferretería de su hijo. Así figura en el sumario de la Operación Brisan.

La investigación de la Guardia Civil sobre la trama de las ferreterías de la Operación Brisan no ha conseguido localizar el origen «por movimiento bancario» de 348.000 euros abonados supuestamente por la empresa del el ex concejal de Santa Brígida Luis Troya, Ferretería Las Casilllas, a la empresa Morales Ravelo e Hijos, a la que en 2004 arrendó el negocio que explota y a la que entre ese año y 2006 compró hasta ocho vehículos pesados, según consta en el sumario de las diligencias previas que se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

La Guardia Civil tampoco ha conseguido aclarar el origen de 40.000 euros que la madre del ex concejal, en agosto de 2005, ingresó por transferencia en una cuenta de la ferretería de su hijo. Al respecto, llama la atención sobre el hecho de que pese a que la mujer carece de actividad laboral alguna, R. R. G. abrió hasta cinco cuentas bancarias en el año 2006 y una en 2007.

Las lagunas en los movimientos bancarios de Troya surgen durante la investigación de los datos mercantiles y financieros de los negocios del ex concejal y el empresario Pedro Morales, y de las personas de su entorno, que llevan a la Guardia Civil a concluir que el ex edil «constituyó una empresa sin liquidez alguna que pudiese afrontar un endeudamiento empresarial de más de un millón de euros y en un año desde su constitución la empresa comenzaba un saneamiento vertical y ascendente de una manera inusualmente rápida según el arbitrio comercial normal existente».

La investigación policial estima que Troya, que fue concejal electo por CC y que siendo edil ingresó en el PP antes de dejar la política a finales de 2006, urdió una trama con la empresa Morales Ravelo mediante la que «promovió supuestas y continuas adquisiciones de material» a esa ferretería siendo concejal de Vías y Obras para después pasar a dirigir ese negocio. El Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) considera que creó «una sociedad pantalla para poder seguir desempeñando su cargo como concejal» y así «poder seguir promoviendo suministros a la mencionada ferretería por parte del Ayuntamiento»

Durante siete años, de 2000 a 2006, ambos inclusive, el Ayuntamiento de Santa Brígida le facturó a Morales Ravelo 808.220 euros (más de 134 millones de pesetas) sin que ninguna de las facturas supere la cantidad de 12.020 euros, por lo que la Guardia Civil concluye que el gasto se ha fraccionado intencionadamente y de forma generalizada para simular una contratación menor de suministro y eludir los requisitos legales de un expediente de contratación. El importe anual de la contratación va desde los 22.197 euros de 2000 a los 197.468 de 2001, ambos con Troya de concejal de Vías y Obras, y fue posible «gracias a una ausencia total de control efectivo y de fiscalización por parte de los interventores municipales».

Troya está imputado por presunta prevaricación, malversación, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

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