Caso Kárate

«En los permisos, el riesgo cero no existe»

15/01/2019

La concesión de permisos a los presos es una decisión compleja en la que dependen muchos factores que no son matemáticos». De esta manera argumentó ayer Carla Vallejo, magistrada titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, la aprobación de beneficios a presos como Ivonne González -una de las condenadas por el caso Kárate-, que está en la calle de permiso durante estos días. Su juzgado es el órgano responsable de la situación de los reclusos del centro penitenciario de Juan Grande, donde también permanece encarcelado el principal acusado de esta trama, Fernando Torres Baena, quien fue condenado a 302 años de prisión por la comisión de 48 delitos de abusos sexuales y corrupción de menores.

«Los permisos tienen un objetivo que es la reinserción de los presos que cumplen con los requisitos establecidos por la ley y ese derecho debe de ser reconocido», detalló la magistrada, quien no quiso tratar de ningún caso en concreto «sino de los permisos penitenciarios en general por respeto a la intimidad de los presos», detalló.

El cumplimiento de permisos penitenciarios en España supone el 99,63% de los casos

Vallejo calificó de «compleja» la labor de conceder permisos penitenciarios a los presos y valora para ellos «muchos factores como el comportamiento del recluso, la asunción de la responsabilidad de sus hechos, el riesgo de fuga, el tiempo de cumplimiento de la condena, el que hayan satisfecho la responsabilidad civil... Numerosas variables que se analizan antes de otorgar este tipo de beneficios y que, en su gran mayoría, no tienen incidencias», relató. Para ello, la magistrada consideró fundamental el «trato directo que tenemos con los presos y, aunque hay 860 en la prisión de Juan Grande, de ellos tenemos a unos 300 de los que estamos muy pendientes», sobre todo, apuntó, por el «tipo de acto cometido». Por ejemplo, «los que están penados por delitos de sangre, abusos o agresiones sexuales, los tenemos muy en cuenta», reconoció. «Yo no solo leo los documentos que me llegan al juzgado y no siempre estoy de acuerdo con los informes que emiten los profesionales de la Junta de Tratamiento y, por eso, realizamos entrevistas personales para valorar los casos de forma detallada ya que, considero, que no se puede ser ni tajante cerrando la posibilidad a todos los presos de salir a la calle, ni excesivamente flexible concediendo todo lo que nos pidan. El riesgo cero no existe, eso está claro, y no se trata de trámite matemático en el que nunca puede producirse un quebrantamiento», declaró a este periódico.

Hay que destacar que, en España, el incumplimiento de los permisos apenas supone un 0,37% de los 120.000 autorizados de media cada año, sin contar los concedidos los fines de semana. Es decir, en el 99,63% de los casos sí se cumplen, según Instituciones Penitenciarias.

Sin querer personalizar en ningún preso, la responsable del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas de Gran Canaria apuntó que «hay casos concretos en los que debemos ser más estrictos», como es el de Torres Baena, al que le han rechazado las numerosas peticiones formuladas por él hasta el momento.

Los motivos de la fiscal.

El permiso de seis días de duración que se le ha concedido a Ivonne González fue recurrido en su momento por María Eugenia Rodríguez, fiscal coordinadora de Vigilancia Penitenciaria, por lo que tuvo que ser resuelto por la Audiencia Provincial. La representante del Ministerio Público se opuso a que la presa disfrutara de este beneficio penitenciario porque, según su escrito, no se cumplían los requisitos objetivos siguientes: la interna no ha cumplido la mitad de la condena, no consta que haya reconocido ningún delito ni que haya abonado la responsabilidad civil y hay además un evidente riesgo de fuga por la duración de la condena. Por estos motivos pidió un nuevo auto revocatorio a la Audiencia.