Tribunales

El coronavirus no es motivo de libertad para los preventivos

07/04/2020

El magistrado Emilio Moya detalla que están resolviendo recursos «en plazos reducidos», sobre todo las peticiones de libertad provisional presentadas desde la instauración del estado de alarma. Han estimado y denegado, pero solo el cierre del espacio aéreo y marítimo no lo consideran una causa de peso suficiente.

El magistrado Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, informó que estaban resolviendo «de forma puntual y en plazos incluso reducidos» todas las peticiones de libertad provisional y los recursos que están presentando los abogados en la provincia desde la instauración del estado de alarma y las limitaciones en la operativa de la Administración de Justicia.

Moya, cuestionado sobre las numerosas peticiones de libertad formuladas por abogados de presos preventivos en la provincia de Las Palmas, manifestó que en algunos casos han atendido la reclamación de los letrados pero aclaró que «se está valorando cada caso de forma concreta y cada sala está resolviendo porque no se puede sentar un principio general de que todos los presos pueden estar en la calle por este motivo del coronavirus».

«No se puede sentar un principio general de que todos los presos pueden estar en la calle por el coronavirus», dijo

Los recursos que han estimado de presos preventivos «han alegado ciertamente esta situación excepcional del coronavirus», en la que están suspendidos los plazos procesales «pero unidos todos a otras circunstancias como que llevaban en algunos casos en prisión más de dos años, que tenían el juicio en breve e incluso en otros casos estaban negociando acuerdos de conformidad con los respectivos fiscales. Y por supuesto, en todos los recursos que han sido estimados hemos tenido en cuenta el punto de vista del Ministerio Público», señaló el magistrado.

De la misma forma, dejó claro que «hay otros tantos casos en los que hemos rechazado los recursos entendiendo circunstancias como las del riesgo de fuga, la reiteración del delito o el riesgo de destrucción de pruebas» del acusado. Además, en concreto, se refirió a la petición de libertad formulada por letrados alegando que no existe el riesgo de fuga ya que está limitada la salida y entrada de pasajeros por mar y aire y no se puede circular por la calle debido al confinamiento: «Es cierto que en los recursos se alega este dato, pero hay que tener en cuenta que el cierre, en principio, es una medida decretada de forma temporal», rechazando el argumento como único para atender las peticiones.

Un caso en el que sí.

Emilio Moya detalló como en un solo caso sí tuvieron en cuenta el cierre del espacio aéreo y marítimo, entre otras cuestiones, para resolver. Se trata de un varón que llegó a la isla en patera y no se le imputaba delito, solo la entrada ilegal en el país que contraviene la ley de extranjería.

A la Audiencia Provincial le llegó un auto dictado por una magistrada de San Bartolomé de Tirajana que resolvía dejar a ese varón en acogida y no internado en un CIE. La Sección Sexta, tras estudiar el caso, valoró dos cuestiones. La primera fue la decisión del magistrado que supervisa el funcionamiento del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Barranco Seco que ordenó el desalojo de los inmigrantes al detectarse un progresivo contagio de coronavirus agravado por las condiciones de «hacinamiento» y la «inexistencia de controles adecuados». Y la segunda, la situación de confinamiento general, por lo que no acordaron su internamiento sino la acogida y libertad, confirmando el auto inicial.

De todas formas, este caso fue una excepción puesto que la pasada semana resolvieron cerca de una decena de internamientos en centros de cualquier punto del país para ocupantes de pateras que llegaron a la isla de forma ilegal.

El presidente de la Audiencia Provincial quiso reflejar que, a pesar de las medidas excepcionales que han limitado la actividad de la Administración de Justicia, se siguen llevando a cabo actuaciones en causas con preso como un juicio que se celebró por abuso sexual y en el que el acusado fue condenado a doce años de prisión, una vista en la Sala de lo Penal del TSJC para resolver un recurso o un juicio de familia en la Sección Tercera. «Estamos resolviendo bastantes recursos de apelación en plazos muy cortos», finalizó Emilio Moya.

Reconocimiento a los funcionarios.

El magistrado Emilio Moya quiso realizar un «reconocimiento público a la labor que están llevando a cabo los funcionarios de las secciones penales de la Audiencia Provincial. Están demostrando una gran entereza y profesionalidad incluso, en algunos casos, sin la obligación de ir a la sede judicial. Ellos nos muestran a diario una actitud muy colaboradora para resolver estos asuntos», dejó constancia Moya.

Incluso, desveló que «les dije a todos ellos en un mensaje que también se merecen un aplauso», expresó orgulloso.