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El caso Grúas, en la recta final para salir del Tribunal Superior

El caso Grúas, en la recta final para salir del Tribunal Superior

Las horas están contadas para que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) determine si el caso Grúas, que investiga si el presidente autonómico Fernando Clavijo cometió prevaricación y malversación durante su mandato en el Ayuntamiento lagunero, vuelva de regreso al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna.

Jueves, 1 de enero 1970

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Será entre hoy y mañana cuando la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, formada por su presidente, Antonio Doreste, y las magistradas Carla Bellini y Margarita Varona, concluya si se adhiere a la tesis propuesta por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, que estima que el órgano competente para conocer el caso Grúas es el juzgado lagunero, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que suprime la condición de aforados de los parlamentarios.

La Sala estudiará a fondo el procedimiento y el informe de competencia del Ministerio Fiscal y procederá a inhibirse a favor del juzgado presidido por la magistrada Celia Blanco, que ya antes de que el caso Grúas entrase en el TSJC, consideró que había que investigar si el proceder de Fernando Clavijo era o no constitutivo de los delitos de prevaricación y malversación. Hechos que, presuntamente, se llevaron a cabo cuando Clavijo gestionó la concesión de un préstamo y en la prórroga del servicio a la empresa Autogrúas Poli por parte del Ayuntamiento de La Laguna en 2014, época en la que ostentaba el cargo de alcalde.

En su momento, el fiscal encargado del caso en Instrucción 2 de La Laguna, Santiago Sánchez, determinó, en un informe final, que sí apreció indicios de delito por parte de Fernando Clavijo después de que el propio juzgado ahondara en la investigación de los hechos a instancias de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que rechazó la primera decisión de archivo. Posteriormente, tras darse el traslado pertinente de la causa al TSJC dada la condición de aforado de Clavijo, se instó a que el Ministerio Público autonómico, representado en este caso por el teniente fiscal Demetrio Pintado, informara sobre si consideraba que el presidente de gobierno tenía que ser investigado o no, hecho que nunca se produjo ante la desesperación y quejas, tanto del propio Clavijo como de su entorno político.

¿El motivo? El nacionalista quiso hasta el último momento que la Fiscalía emitiera un informe de contenido en el que podría haberle librado de toda carga penal en el caso Grúas, aunque el que vio la luz fue otro bien distinto acerca de la competencia de la misma, interesando que la causa fuera devuelta a Instrucción de La Laguna.

Querella de fondo

Pero antes de este informe de competencia de la Fiscalía Autonómica, la defensa legal de Fernando Clavijo dejó constancia, en uno de los dos escritos de queja presentados ante el TSJC, que podría emprender acciones por la vía penal amparándose en el artículo 449 del Código Penal. El mismo estima punible la conducta de un juez, magistrado, letrado de la Administración de Justicia o fiscal que haya realizado un retardo malicioso «provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima», un hecho que refleja el enorme malestar del jefe del Ejecutivo porque la Fiscalía –aduciendo un retardo malicioso– no solicitara el sobreseimiento de la causa en el TSJC.

Quejas por indefensión

El propio Fernando Clavijo afirmó en respuesta a preguntas de Nueva Canarias y el PSOE en el Parlamento que el hecho de ser aforado «no ha sido un privilegio, al contrario, me ha perjudicado» porque, añadió, no había podido «abrir la boca» durante dos años, hasta que se aprobó la modificación del Estatuto de Autonomía y perdió ese privilegio. Añadió que ahora es cuando podía ejercer su «legítima defensa» al considerar malicioso el retardo de la Fiscalía.

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