Archivado el robo en el desguace de La Laguna

16/04/2019

La jueza dicta sobreseimiento de una de las partes del caso Grúas justo dos días antes de que el presidente declare como investigado.

Siete años después de que se abriera la investigación tras la denuncia interpuesta por tres trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de grúas en La Laguna, la causa por el presunto robo de piezas de los vehículos custodiados en el depósito municipal ha sido archivada, según informa el diario digital CanariasAhora.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna, Ana Serrano-Jover, decretó el sobreseimiento provisional de la causa contra sus antiguos siete propietarios en un auto dictado el pasado miércoles 10 de abril, justo una semana antes de la fecha señalada por otra jueza, Celia Blanco, de Instrucción 2, para que Fernando Clavijo preste declaración en calidad de investigado por el caso Grúas.

Clavijo tendrá que responder, entre otras cuestiones, por el préstamo de 120.000 euros concedido por el Ayuntamiento de La Laguna durante su etapa de alcalde a esos mismos propietarios, que ya habían sido imputados en la causa por el desguace de pieza de los vehículos. Durante esta instrucción, cinco de los investigados reconocieron tener algún tipo de vínculo personal con el jefe del Ejecutivo regional.

En el auto notificado ayer a las partes, la jueza desliza que hay indicios de delito, pero no aprecia «motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna».

Los hechos investigados se remontan al año 2011. Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de La Laguna comprobaron, con abundante material fotográfico, que algunos de los coches del depósito municipal habían sido desguazados con el objetivo de vender las piezas por internet a particulares. Así lo confirmó un agente del instituto armado que llegó a comprar un repuesto a través de uno de los dos portales utilizados.

Tres trabajadores de la concesionaria del servicio presentaron una denuncia ante la Policía Local de La Laguna en 2012. Hacía poco menos de un año que la empresa había cambiado de propietarios después de que su antiguo administrador, José Padilla, la traspasara a un grupo de siete trabajadores, los investigados por el desguace de piezas. Padilla denunció haber sido presionado por el ayuntamiento para vender la sociedad, incluso a través del retraso en los pagos de la concesión, comprometiendo así la estabilidad financiera.