De cómo se actúa en el clavijismo
Volvería a hacer exactamente lo mismo», dijo el pasado jueves el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la audiencia de TVE en el programa el Debate al ser preguntado por el caso Grúas. ¿Convicción o arrogancia? Ambas cosas, aunque algo más de chulería y una buena dosis de autocomplacencia populista en la gestión de lo público. Que volvería hacer lo que hizo con el servicio de grúas en el Ayuntamiento de La Laguna, siendo alcalde delegado de Ana Oramas, es una obviedad en un presidente que camina por los bordes de la legalidad para cumplir con sus objetivos al precio que sea. Él y su Gobierno han despreciado en muchas ocasiones la representación parlamentaria, a los funcionarios encargados de mantener la legalidad en las instituciones y los procedimientos garantistas.
Es imposible olvidar, para un demócrata, el desprecio a la representación popular de algunos miembros del Gobierno que se quejan de tener que dar cuenta de su gestión, de las obligaciones que se le imponen porque están en minoría, o los insultos y reproches a los diputados del presidente del Consejo Rector de la RTVC, de facto, uno más en el Ejecutivo de Clavijo. Santiago Negrín está en la ejecución de otras de las mayores aberraciones democráticas que estamos sufriendo en esta legislatura, poner a la RTVC al margen de la ley que la regula. Es imposible obviar el chirrido profundo de los procedimientos para ejecutar el Plan de Inversiones de Canarias y otras lindeces mucho más perversas como negar un informe reiteradamente a un Parlamento y a los tribunales de justicia y hacerlo el presidente a medida para entregárselo a Ángel Víctor Torres.
Los procedimientos de este Gobierno son los mismos que en el caso Grúas. Cortados por el mismo patrón de comportamientos que describen perfectamente la creación de un auténtico régimen en el que se impone la voluntad del político bordeando los procedimientos democráticos y legales y favoreciendo a los amigos. El servicio de grúas del Ayuntamiento de La Laguna fue público hasta 2003, año en el que Fernando Clavijo, concejal de Seguridad Ciudadana, en su incipiente derechización, decide privatizarlo. El servicio se adjudica a José Padilla, empresario lagunero que opera bajo la marca Grúas Poli. Siguiendo la estela del modo de actuar de Fernando Clavijo y de CC, por quien es habitual usar el dinero público para favorecer a los suyos con enchufes en toda la red pública, descubrimos que el mismo Padilla reconoce, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, que se vio obligado a contratar a personal de Coalición Canaria. ¿Lo volvería a hacer? Sí, sin duda.
Ser amigo y aliado es la condición básica para prosperar en el entorno de Clavijo. En 2011 la empresa concesionaria del servicio de grúas se vende a varios empleados que son señalados en La Laguna como «amigos de Clavijo», condición que éstos reconocen ante la jueza a principios de noviembre. Conocían a Clavijo de sus aficiones al kárate y de Leroy Merlín, empresa en la que el presidente trabajó como encargado y desde la que dio el salto a la política municipal y después a la Presidencia del Gobierno, en una carrera meteórica.
Los «amigos» del presidente hicieron una pésima gestión de la empresa. Entre 2011 y 2015, Grúas Poli es un auténtico agujero negro. No cumple con el servicio, no renueva las tarjetas de transporte, acumula deudas de más de 300.000 euros con la Seguridad Social y Hacienda, los trabajadores no cobran sus sueldos durante un año y se producen robos de todo tipo de repuestos y materiales en los depósitos de vehículos retirados de la vía pública. Los trabajadores denuncian sistemáticamente la situación, pero Clavijo no reacciona ni abre ningún tipo de expediente para averiguar lo que pasa en un servicio privado al que se le ha confiado un servicio público. No hay investigación, pero sí ayudas con dinero del Ayuntamiento a la empresa que gestionan los que dicen ser sus amigos del kárate y Leroy Merlin.
Clavijo dispone de 120.000 euros de dinero público y los entrega a la empresa para salvar su situación. El super concejal de Seguridad, con los arrestos que le caracterizan, da un golpe en la mesa para salvar a la empresa y pasa de todos y cada uno de los informes de los funcionarios. Clavijo levanta los reparos en los que se le advierte de las graves irregularidades de la empresa y de faltas graves y muy graves, además de las advertencias propias sobre la legalidad. ¿Lo volvería a hacer? Sí, sin duda.
El escándalo lagunero del presidente no es de ahora, cuando la Audiencia Provincial de Tenerife ha ordenado reabrir el caso ante la posible existencia de delitos y la jueza instructora lo remite al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En 2014 en La Laguna se vive un auténtico revuelo, hasta el punto de que el PP y el resto de la oposición piden, y abren, una Comisión de Investigación que termina como el rosario de la aurora por el bombardeo del PSOE, aliado incondicional de Coalición Canaria. El boicot a los procedimientos es otra de las armas que CC ha aprendido a usar en su régimen, como muy bien ha vivido la oposición a lo largo de estos últimos treinta años. ¿Lo volvería a hacer? Sí, sin duda.
La alianza con una parte del PSOE tinerfeño es vital para Clavijo. Se trata de un sector del PSOE chicharrero, el más cercano a CC, liderado por un oscuro personaje, Pedro Ramos, amigo de cenas y almuerzos con el presidente del Gobierno. Es el PSOE con el que CC se reparten el poder en alguna de las instituciones de la isla y, en este caso, ha sido clave para sostener el gobierno municipal de La Laguna, sobre el que pesan graves contradicciones. Ángel Víctor Torres, apoyado en ese sector del poder local y el de Gustavo Matos, ha venido a sellar esa alianza con Clavijo que esconde demasiadas vergüenzas. La Laguna, emblema del presidente, se convierte en el eje de la acción política de CC y termina uniendo a los contrarios en ese pacto tácito entre Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo que se ha extendido a la RTVC, a los presupuestos y al sostenimiento mutuo en varias instituciones. Torres, voluntariamente, ha pasado a ser uno más en el régimen que su partido ha tratado de desarticular durante treinta años. ¿Lo volvería a hacer? Sí, sin duda alguna.
El fracaso político de la Comisión de Investigación en abril de 2017 conduce a la judialización del caso por parte de Unid@s y XTF que presentan una denuncia en los juzgados de La Laguna. Acusan a Clavijo de tres delitos, uno de prevaricación continuada, otro de tráfico de influencias y un tercero de malversación. La base de la denuncia son 38 documentos administrativos, entre ellos los informes de los técnicos municipales en los que advierten de la improcedencia de rescatar la empresa de grúas. Los denunciantes sostienen que toda la acción administrativa para salvar Grúas Poli fue continuada, no un hecho aislado, que se hizo para favorecer a determinadas personas cercanas a Clavijo y donde se usó dinero público para el rescate a pesar de que la empresa no estaba en condiciones de continuar prestando el servicio.
La denuncia fue archivada por la jueza María Celia Blanco Redondo, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna. Casualidades o no, es la misma jueza que archivó a Fernando Clavijo el caso Corredor, en pleno proceso para convertirse en el presidente de todos los canarios. La jueza no realiza ninguna gestión judicial. Por no pedir, no pide el procedimiento administrativo al Ayuntamiento y tampoco llama a declarar a los denunciados. Archiva alegando que no hay pruebas suficientes y minimiza la relación de los empresarios de las grúas con Clavijo. La jueza es considerada «amiga» por las antenas mediáticas de Clavijo que le hacen la ola.
No corre con la misma suerte el presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife, Joaquín Astor Landete, quien obliga a la jueza a reabrir el caso Grúas en un duro auto que no logra sonrojar a la misma por su falta de diligencia procesal, sino que la enfada hasta el punto de mostrar, indirectamente, en un copia y pega, su perreta en el último auto que emite y con el que eleva al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el caso ante la posibilidad de tener que imputar al presidente del Gobierno.
Astor Landete, considerado por ATI como un juez no proclive a sus intereses, fuera del régimen, viene a decirle a la jueza que no ha hecho bien su trabajo, que el alcalde, usando una de sus facultades para dirimir divergencias entre informes, que en este caso no existen, ha levantado los reparos de los funcionarios por las bravas. Le dice también que no ha investigado bien las relaciones entre el entonces alcalde de La Laguna y sus amigos del kárate y Leroy Merlín. Landete, uno de los magistrados que firmó la sentencia del caso Las Teresitas, ha sido pasto de las críticas en tertulias y medios de comunicación, tal y como ordena el régimen para cada caso. ¿Lo volvería a hacer? Sí, sin duda alguna.
La intoxicación es importante en el modo de operar de Coalición Canaria. Siempre ha sabido cómo hacerlo. La batalla mediática también lo es y algunos medios se atreven a indicar el camino a la Justicia y adelantan titulares para salvar a Clavijo. Pero más complicada es la tarea de lobby que hacen algunos destacados próceres de CC ante la Judicatura. La larga mano del régimen ya ha comenzado a meter presión, en Canarias y en Madrid, para conseguir un segundo archivo que refuerce políticamente a Clavijo y poder acabar la legislatura sin traumas.
