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En principio, tanto el representante de Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares habían mostrado predisposición para alcanzar un acuerdo de conformidad con la mayoría de las defensas, aunque ayer el mismo se rompió –según la visión de los letrados de los investigados– porque la compañía aseguradora Mapfre no aceptó los tiempos y formas de pago de las cantidades que se interesan en concepto de responsabilidad civil subsidiaria para cada uno de los mismos.
Según las defensas, la letrada representante de la aseguradora interesó que se abonasen las cantidades fijadas antes del juicio, circunstancia que no se llevó a cabo por lo que el Tribunal decidió celebrar el juicio.
El mismo comenzó con algunas cuestiones previas. Las defensas se quejaron de que una serie de testigos no habían sido localizados y eso les generaba indefensión. También se trataron asuntos más técnicos como la concurrencia de atenuantes en la causa como las dilaciones indebidas, la reparación del daño, o dos presuntas prescripciones en relación al médico Ranulfo Ramón Dolores León Rosas y a los cuatro hermanos presuntos catatónicos en relación al fraude de subvenciones.
También se intentó acreditar en la sala por parte de las defensas que, según los historiales clínicos aportados por el Servicio Canario de Salud, los acusados tenían incapacidades psíquicas graves anteriores y posteriores a los hechos. Testificó el anterior director del INSS, Manuel de León, que dijo ser conocedor de que la denuncia se produjo por medio de un informante anónimo y, por último, las defensas intentaron acreditar que la causa se investigó sin cobertura judicial a los encausados desde el 4 de febrero de 2008 hasta que se judicializó en mayo de 2009.
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