La PCI se convierte en renta de inclusión y llegará a 32.000 familias en 2023

14/01/2019

El Gobierno de Canarias ha presentado hoy una hoja de ruta para que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) se convierta en una renta canaria de inclusión que mejore la situación de unas 32.000 familias hasta 2023, periodo en el que se destinarán 135 millones, más del doble del presupuesto actual.

La previsión del Gobierno es que en los próximos cinco años se incorporen nuevos perfiles, como la cobertura indefinida para las familias en exclusión con menores a su cargo, las personas sin techo, los estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de familias sin ingresos y las personas mayores de 65 años que aún no puedan tramitar una pensión.

La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha informado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de que se trata de uno de los acuerdos a los que el Gobierno llegó con los agentes de las mesas de Concertación Social en los pactos firmados a principios de octubre.

En el año 2023, el presupuesto para la nueva prestación, alcanzará los 130 millones de euros

"El Gobierno de Canarias ya tiene una hoja de ruta para que la Prestación Canaria de Inserción se convierta en una auténtica renta de ciudadanía que dé cobertura a más personas, como recoge la reforma del Estatuto de Autonomía que entró en vigor el pasado 6 de noviembre", ha manifestado.

Asimismo, ha explicado que de esta manera el Ejecutivo da los pasos necesarios para contar, de manera gradual, con una renta ciudadana digna y permanente en el tiempo, siempre que persistan las condiciones de exclusión en la familia.

En el año 2023, el presupuesto para la nueva prestación, que irá creciendo progresivamente, alcanzará los 130 millones de euros, más del doble del actual, que es de aproximadamente 62 millones, si se contabiliza la inversión en ayudas, gastos de personal y programas de inserción, ha precisado.

La nueva PCI incluye itinerarios hacia la inserción, por lo que se motiva y se prepara a los perceptores para salir del sistema de prestaciones sociales por sus propios medios, ha destacado la consejera, quien ha opinado que "una renta mínima garantizada, que no se basa en el compromiso de integración del perceptor de la renta no es sostenible".

En cuanto a los cambios legislativos necesarios, Valido ha comentado que antes el Parlamento de Canarias tiene que aprobar la Ley de Servicios Sociales, que se tramita desde el pasado 18 de enero, y que dará lugar a las primeras modificaciones de la Ley de Prestación Canaria de Inserción.

La Ley de Servicios Sociales contempla que los hogares con niños y sin ingresos permanecerán en el sistema, sin necesidad de renovar la prestación, ha resaltado la consejera, quien ha anunciado que progresivamente, el Gobierno irá incorporando a la permanencia en el sistema a los demás colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia.

Una novedad demandada desde hace años -y que se recogerá en la renta canaria de inclusión- es la incorporación, de forma excepcional, de la posibilidad de compatibilizar la ayuda con las pensiones de viudedad, si estas no alcanzan el mínimo del IPREM, cuya media está en la actualidad en 650,95 euros (depende del número de miembros de la unidad familiar).

En este apartado también se incluirá a las personas mayores de 65 años con pensiones distintas a las no contributivas o de la Seguridad Social que, como en el caso de las de viudedad, no alcancen el mínimo del IPREM.

La consejera ha detallado como nuevo colectivo compatible a los trabajadores en precario, es decir, a aquellos que tengan contratos de trabajo parciales por horas y que, como en los casos anteriores, sus ingresos no llegan al IPREM.

Con la modificación de la Prestación de Inserción a Renta de Inclusión, "el Gobierno prácticamente triplicará la cobertura actual, incluyendo nuevos colectivos y, sobre todo, garantizará la estabilidad", ha resumido.