La oposición impulsa impedir por ley los videojuegos en las aulas

28/08/2018

El PP se suma a la propuesta del PSC para frenar en los centros competiciones como la que la Consejería promueve. Podemos está de acuerdo y NC lo estudiará. Critican que Educación invierta 211.000 euros en la liga.

T.A. / Las Palmas de Gran Canaria

Los partidos políticos canarios, excepto CC, insistieron ayer en sus críticas a la liga escolar de videojuegos que arranca en octubre en 20 centros educativos de las islas. PP, PSOE, Podemos y Nueva Canarias reprocharon a la Consejería que invierta 211.000 euros de dinero público en el proyecto que incluye la competición y le exigieron que dé marcha atrás en la iniciativa. De «despropósito» o «impresentable» calificaron la financiación pública para este proyecto que fue planteado a la Consejería por los clubes deportivos UD Las Palmas y el Tenerife. Cada uno de los 20 centros participantes recibirán 6.500 euros para comprar ordenadores que le permitan la competición online. La actividad extraescolar durará diez semanas.

Los cuatro partidos coinciden en que la Consejería debe priorizar otros objetivos de mejora de la calidad educativa y no promover una competición que cuenta con el rechazo de todas las formaciones políticas salvo Coalición Canaria, de colectivos de docentes o de pediatras.

Así, el Partido Popular ahondó ayer en la propuesta ya lanzada hace diez días por los socialistas canarios de modificar la ley canaria de educación para incluir la prohibición de «la entrada de los videojuegos en las aulas canarias». Según Asier Antona, presidente de la la formación conservadora en las islas, es «impresentable que el Gobierno insista en destinar tiempo y dinero a impulsar a toda costa el uso de los videojuegos en los centros en lugar de dirigir sus energías a mejorar la calidad del sistema educativo».

Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios, destacó que mañana el grupo parlamentario de su formación concretará la iniciativa que presentará en septiembre para que la ley canaria de educación vete las competiciones de videojuegos en los centros educativos. «No estamos en contra de los eSports, ya que generan economía y deben estar regulados, pero la enseñanza pública no es el lugar para desarrollarlos», matizó. Torres rechazó el «empeño» del Gobierno en promover la liga escolar y criticó que se destine dinero público. «Es una cuestión de prioridades, y éstas deben ser invertir en educación de 0 a 3 años, donde somos los últimos, o aumentar la inversión para cumplir con la ley educativa canaria», dijo.

El responsable de la secretaría de educación de Podemos Canarias, Pedro González de Molina, señaló que su partido «apoyaría prohibir los eSports dentro de la educación pública por su nulo efecto pedagógico y porque es un intento de crear un mercado a las empresas privadas a costa de lo público». Y añadió que la Consejería «debería ocuparse de los problemas importantes que tiene la educación canaria», como reducir la tasa de abandono escolar o bajar la jornada de los docentes a los tiempos de antes de la crisis».

Por su parte, el portavoz adjunto de NC en el Parlamento, Luis Campos, afirmó que su partido estudiará la modificación legislativa para cerrar los centros educativos a las competiciones de videojuegos, aunque apostó por que la Consejería dé marcha atrás. Lo que hay que aplicar es «el sentido común» ante una iniciativa fruto del «capricho de Clavijo», en alusión al presidente del Gobierno canario, añadió. Según Campos, «no estamos hablando de un rechazo a los videojuegos, sino a la apertura de los centros públicos como espacios competitivos, que evidendetemente no son los adecuados, porque decir que es un intento para educar a nuestros chiquillos es una falacia».

La Consejería defiende que la liga y los talleres formativos que la acompañan ayudarán a los estudiantes a un uso responsable de los videojuegos. PP, Podemos, NC y el PSOE coinciden en apuntar que el proyecto responde al interés del Gobierno canario por fomentar estas competiciones, recordando el intento fallido del Ejecutivo de incorporar los eSports dentro de la Ley Canaria del Deporte.

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