La desescalada agrava la conciliación familiar

A veces, la incertidumbre es sinónimo de angustia. Ese agobio atenaza a miles de familias que ven cómo se acerca la nueva normalidad y siguen sin encontrar opciones para dejar a sus hijos menores a buen recaudo mientras trabajan.

Carmen Delia Aranda
CARMEN DELIA ARANDA

Las aulas están cerradas y aún se desconoce en qué condiciones reabrirán en septiembre. Los campamentos veraniegos serán limitados. Las escuelas infantiles esperan a que Sanidad autorice su reapertura. Los talleres y escuelas de verano se esfumaron de las agendas municipales. Mientras tanto, padres y madres se incorporan a sus trabajos. Los abuelos, un apoyo esencial, están fuera de juego por su riesgo ante el covid-19. Todo hace pensar que el fin del estado de alarma será el detonante de una bomba de relojería que estallará en muchas familias, sobre todo, en las monoparentales que tendrán que elegir entre sus trabajos y el cuidado de las personas dependientes.

Según el ISTAC, en Canarias hay 221.266 parejas con menores a su cargo. De ellas, el 34%, 37.642 viven en el umbral de la pobreza (con ingresos inferiores o iguales a 583 euros). Los hogares monoparentales se cifran en 44.142. El 32% de ellos, 26.154, viven por debajo del umbral de la pobreza y 5.700 son madres solas sin ingresos.

«El problema no se acaba cuando se levante el estado de alarma. El conflicto va durar y es tanto económico y como social», dice Maite Egoscozabal, responsable de Investigación Social del Club de Malasmadres, que aglutina a 800.000 mujeres, las principales afectadas al soportar la mayor parte de los cuidados. Esta plataforma ha creado la asociación Yo no renuncio cuyo objetivo es evitar que la pandemia desate una renuncia masiva de mujeres al mercado laboral. El colectivo ha reunido 185.000 firmas para exigir al gobierno que garantice el teletrabajo por ley, que facilite la flexibilidad de la jornada laboral y ayudas para contratar a cuidadores.

«No hay medias de conciliación. Las urgencias han sido sanitarias y económicas pero se han olvidado de la urgencia de las familias», explica la socióloga de Malasmadres, harta de recibir a diario mensajes de mujeres que han tenido que pedir la reducción de jornada o una excedencia para ocuparse de su prole. «Muchas han seguido tirando de abuelos y abuelas, aún sabiendo que son grupo de riesgo, o han tenido que dejar solos a sus hijos mayores de 10 años», lamenta Egoscozabal, que ve cómo el gobierno propone medidas sin darles la prioridad que precisan.

«Nueve de cada diez personas que piden una excedencia o una reducción de jornada son mujeres», dice Esther Martín, responsable de acción sindical en el área de Mujeres y Juventud de Comisiones Obreras, que lanzó al gobierno propuestas como la compensación ante las renuncias y que se abran escuelas para atender a los menores mientras sus progenitores trabajan.

Sin embargo, no hay ninguna solución inmediata a la vista, algo que empobrecerá a las familias más vulnerables, las monoparentales, donde se sitúa una de las principales fuentes de la pobreza infantil, recalca la catedrática la Universidad de la Laguna y directora del máster en Intervención y mediación familiar social y comunitaria, María José Rodrigo. «La situación creada por el covid-19 ha dejado al descubierto las necesidades de las familias en este ámbito. Tenemos un fondo carenciado de estas medidas», señala la coordinadora de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-2023. Sin embargo, Rodrigo ve en este brete explosivo una oportunidad para avanzar en un conflicto que, además, frena la natalidad. «La conciliación de la vida familiar, laboral y personal está contemplada en la Ley Canaria de Igualdad de 2010 y en la Estrategia para la Igualdad de Hombres y Mujeres 2013 -2020», dice la experta que resalta que estas normas prevén la flexibilidad horaria de los trabajos. Algo que no se ha aplicado.

Por su lado, las asociaciones de padres y madres de alumnos han propuesto al Gobierno canario que les ceda espacios en condiciones higiénicas y sanitarias para organizar, ellos mismos, campamentos y actividades infantiles, explica Pepi Méndez, de la Confederación de AMPAS (Confapa). «El virus ha puesto en evidencia la educación y la sanidad que tenemos. Nos ha retratado a todos. Lo importante es que aprendamos, tomemos soluciones y sigamos adelante», dice.