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C.D. Aranda / Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 18 de mayo 2020, 08:00
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El estado de alarma ha puesto sobre la mesa problemas latentes en la sociedad como la dificultad de algunas familias para conciliar la vida laboral con el cuidado de menores y mayores. Encontrar soluciones a este conflicto fue el punto principal de la reunión mantenida ayer por las consejeras de Derechos Sociales y Empleo del Gobierno de Canarias, Noemí Santana y Elena Máñez, quienes formularon algunas medidas para que el previsible cierre de los centros educativos hasta septiembre a causa de la epidemia no obligue a los padres y, sobre todo, a las madres a renunciar a sus empleos.
En esta mesa de Gestión Social del estado de alarma se planteó elevar al Gobierno central la posibilidad de emplear los fondos habilitados para los ERTE (Expedientes de Regulación de Empleo Temporales) a sufragar permisos retribuidos para la conciliación familiar. «La idea sería aprovechar que se ha creado esta bolsa económica para los ERTE y tener en cuenta que, en la medida que la gente se incorpore a la vida laboral, dejará un vacío en la familiar. En lugar de vaciarlo habría que llenarlo de los permisos de cuidados, algo que las empresas no soportarán en solitario y que habría que dar usando la misma lógica que se emplea en los permisos de paternidad o de maternidad», explicó Sylvia Jaén, titular de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad desde donde se formuló la propuesta. El objetivo, sobre todo, instar al Gobierno a que entienda que tiene que facilitar a las empresas puedan ayudar a conciliar en esta nueva etapa en la que parece que la escolarización no va a volver a ser de cinco días a la semana», añadió Jaén.
Otra de las medidas que se pusieron sobre la mesa fue la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 12 meses, con posibilidad de prorrogarlo en el caso de que la educación de 0 a 6 años no vuelva a la normalidad absoluta. «Es una cuestión de consideración con esos menores menores que requieren más cuidado. Lo más relevante en este tipo de conciliación no son los derechos para las mujeres, es una cuestión del derecho de los menores a ser atendidos por sus familias», subrayó Sylvia Jaén que asegura que el estado de alarma obligará a repensar la totalidad de un marco laboral en el que ha primado la presencia sobre la producción y la eficacia.
En el ámbito de la función pública, se propone flexibilizar la jornada de trabajo abriendo los centros de la administración más allá del horario de 8 a 15 horas.
También se plantea la posibilidad de crear permisos por cuidados, con una duración máxima de cuatro días al mes o sus horas correspondientes. La tercera de las propuestas consistiría en habilitar un espacio en los centros de trabajo asistido por profesionales del cuidado para atender a los hijos e hijas del personal de manera puntual, sin ánimo de sustituir guarderías o escuelas.
Estas medidas, que beneficiarían al funcionariado, se prevén estudiar la próxima semana junto a los responsables de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno regional.
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