Dependencia

El Gobierno canario cierra en dos años ocho residencias de mayores

12/02/2019

Políticas Sociales puso en marcha una campaña contra los centros «pirata» reforzando sus servicios de inspección y coordinándose con la Fiscalía de Protección de Personas con Discapacidad. Esta sección examinó 33 centros en Las Palmas y 88 en Santa Cruz de Tenerife, según la memoria de 2018.

El Gobierno canario ha clausurado en dos años ocho residencias de mayores en la islas. En concreto, la Consejería de Políticas Sociales abrió un expediente, que culminó con la clausura, a dos centros en Gran Canaria, cinco en Tenerife y uno en la isla de El Hierro. El área que dirige Cristina Valido rechazó dar más información por «protección de datos» sobre las mismas remitiendo a este periódico al portal de Transparencia.

El cierre de estos centros sociosanitarios responde, en buena parte, a las denuncias presentadas por la Fiscalía de Protección de Personas con Discapacidad en Canarias. En la memoria de 2018 se recoge que el equipo de esta sección especializada de la Fiscalía en Las Palmas había realizado 33 visitas a residencias y centros de día de personas mayores, de personas con discapacidad intelectual y de personas con enfermedades mentales, mientras que la de Santa Cruz de Tenerife había realizado 81 visitas «detectándose irregularidades en alguno de ellos con resolución administrativa de cierre definitivo y firme en vía contenciosa».

Por su parte, los servicios de inspección de la Consejería de Políticas Sociales realizaron 40 inspecciones en 2017, más de la mitad de ellas en la isla de Tenerife (22), seguida de Gran Canaria con 13. Dos en El Hierro, una en Lanzarote, otra en Fuerteventura y una en La Palma.

Con la entrada del equipo de Cristina Valido a la Consejería se emprendió una «campaña» contra las residencias piratas. En muchos casos, como apuntó a este periódico la fiscala decana de la Sección de lo Civil y Protección de Personas con Discapacidad y Provisión de Apoyos de Las Palmas, María Rosa Rubio, se trata de residencias del sector privado con pocas plazas y con precios mucho más bajos que la media del mercado. «Ahora hay menos que antes. Las más terribles se han cerrado ya», afirmó Rubio.

Según la fiscala, y así también lo recoge la Memoria, «las residencias públicas cumplen los estándares bien, pero entre las privadas hay ‘privadas y privadas’. Hay unas que cumplen por encima y luego están las que operan al margen de la ley, entendiendo por ello que no cumplen con la normativa». En esos casos es cuando se dirigen al Gobierno canario para que abra una investigación.

Ante la falta de personal, reconocido por la consejera de Políticas Sociales, la Consejería puso en marcha «una plan» de coordinación de recursos, que incluyó la colaboración del Servicio Canario de Salud para que se pudiera valorar, si se daba el caso, los cuidados médicos que estaban recibiendo las personas mayores en determinados centros, que parece está dando resultados.

Pero, en ocasiones, residencias que se han cerrado vuelven a abrir con otro nombre. Fue el caso de un centro en Güímar, o el de Sol de Otoño en Lanzarote. O no se pueden cerrar rápidamente porque no existen plazas alternativas. Precisamente esa es la preocupación de las personas internadas en La residencia de Ifara (Tenerife) tras el fallo del Tribunal Supremo que ha ratificado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que declaró a finales de enero nulas las licencias de construcción.

En otras ocasiones, es la propia residencia la que cierra «voluntariamente» tras el requerimiento del Gobierno canario sin necesidad de llegar a un juicio contencioso. Así ocurrió con uno de los dos centros clausurados en la isla de Gran Canaria, entre los que se encuentra la residencia Los Mimos y cuya denuncia inicial partió de la Fiscalía. El centro se inauguró 2005 en La Cruz de Firgas con capacidad para 36 plazas sociosanitarias.

Las más caras

Canarias es la segunda comunidad española en donde el precio medio de una plaza en una residencia privada es más elevado: 2.029 euros mensuales. La supera el País Vasco, y le sigue Navarra, según el último informe de Inforesidencias.com que data de 2017. En él se establece que el precio medio en España es de 1.777 euros mensuales. En las islas hay un total de 188 centros sociosanitarios, 123 de ellos son privados y ofertan 5.822 plazas.

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