Dependencia

5.341 dependientes engrosan la lista de espera por una residencia

10/02/2019

El plan canario de infraestructuras sociosanitarias prevé crear en cuatro años 3.642 camas. Hoy están ocupadas 3.864 públicas y 5.822 privadas. Tenerife y Gran Canaria, las islas con más presión

La falta de infraestructuras sociosanitarias en las islas es un hecho. De ahí que el Gobierno canario y los cabildos insulares impulsaran la firma de un segundo plan para construir o remodelar instalaciones y contar en los próximos cuatro años con más de 6.000 nuevas plazas, de ellas 3.642 residenciales. La cuestión es si ese compromiso -muchas de las obras que había previsto iniciar el pasado año aún no lo han hecho- resuelve la demanda actual de este tipo de servicios porque, a tenor de las cifras de la lista de espera de plazas residenciales no lo parece. En estos momentos 5.341 personas dependientes aguardan en Canarias por un servicio sociosanitario residencial.

Tenerife y Gran Canaria son las islas en las que la lista de espera es mayor con 3.500 y 1.400 personas dependientes aguardando por una plaza en una residencia pública. El 2º Plan de Infraestructuras sociosanitarias contempla la creación de 1.144 plazas en la isla de Tenerife y 1.510 en la de Gran Canaria. En La Palma están en lista de espera 209 personas, 11 de ellas mayores con discapacidad, y la previsión es que se crearán en cuatro años 403 nuevas plazas residenciales. Lanzarote no cubrirá con el 2º plan su demanda actual pues mantiene a la espera a 104 personas y creará en cuatro años solo 80 nuevas plazas. Fuerteventura, en cambio, sí. Mantiene a 10 personas en lista de espera y creará 250 plazas. La Gomera, con una lista de «entre 90 y 100 personas», según fuentes del Cabildo, si prevé aumentar las plazas más que la demanda actual pues creará 142 nuevas. Y en idéntica situación se encuentra El Hierro, donde 18 mayores esperan por entrar en una residencia pública y su plan de infraestructuras contempla la creación de 133 plazas.

Políticas Sociales reconoce a un total de 3.536 mayores de 65 años dependientes con un PIA vinculado al servicio residencial.

Con los datos actualizados a 1 de enero de 2019, la Consejería de Políticas Sociales que dirige Cristina Valido reconoce a un total de 3.536 mayores de 65 años dependientes con un Programa de Atención Individualizado (PIA) vinculado al servicio residencial. Pero, además, Valido afirmó hace unos días en una comparecencia en el Parlamento canario que 8.956 personas en Canarias tienen reconocido su derecho en el ámbito de la dependencia y no reciben ninguna prestación y «muchas de ellas están esperando por una cama y no les vale una prestación económica de 300 o 400 euros».

Los datos del Imserso a propósito del Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia (SAAD) revelan que 4.217 personas reciben una prestación vinculada al servicio y para muchas de ellas, este servicio es una plaza sociosanitaria.

El orden en la lista de espera por una plaza residencial, cuya gestión recae en los cabildos pues los recursos son de titularidad insular, señala el Gobierno de Canarias, se establece en base a varios criterios. El primero es el grado. En Dependencia se establecen tres siendo el grado I el menor. Este no da derecho a una plaza residencial pública. El segundo criterio se estable por capacidad económica. A igual grado precede la persona con menos recursos. Y el tercero es la fecha de la solicitud: con grado y recursos económicos similares logra la plaza la persona que lleve más tiempo en la lista de espera. Por último, se tiene en cuenta también el género pues en las residencias de mayores lo más habitual es que las habitaciones sean compartidas.

Además, señalan fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales, hay que contar con los «casos de urgencia social y orden judicial». Esta es la situación de «muchos» mayores que «viven» en los hospitales canarios, como señaló la fiscal decana de la Sección de lo Civil y Protección de Personas con Discapacidad y Provisión de Apoyos de Las Palmas, María Rosa Rubio. «Son personas con alta médica, pero ya no pueden volver a su casa», explicó la fiscal, para quien esta situación es un «maltrato» hacia los mayores pues aunque reciben asistencia sanitaria, no se les brinda la atención sociosanitaria que requieren.

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