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El director general de Universidades del Gobierno canario afirma en esta entrevista que ULPGC y ULL deben «hacer autocrítica» porque su problema «no es el dinero»Manuel Ramírez, director general de Universidades del Gobierno canario, afronta la negociación del nuevo modelo de financiación de las universidades públicas canarias convencido de que el problema central «no es la falta de dinero».
-El Gobierno ha realizado un diagnóstico sobre la situación de las universidades públicas canarias que sirva de base para negociar el nuevo modelo de financiación. ¿Puede resumirlo?
-Estamos terminando el modelo definido en la anterior legislatura, que finaliza en 2025, y la idea es introducir el nuevo modelo de financiación, con un contrato-programa, incluso antes de esa fecha. El diagnóstico dice que nuestras universidades públicas están en una situación buena en algunos indicadores y bastante regular en otros. La idea es que la financiación esté orientada en mejorar esos indicadores y mantener el buen nivel en los que están bien.
-¿En qué están bastante regular?
-Tenemos graves problemas por ejemplo con las tasas de abandono, que están muy por encima de la media nacional, y hay titulaciones que están en situaciones alarmantes, con tasas que superan el 50%. Tenemos también problemas con la captación de estudiantes, sobre todo de posgrado. Ahí las universidades tienen que mejorar mucho y tener posgrados de calidad que permitan fidelizar a los estudiantes egresados o captar alumnado de otras comunidades.
-¿ULPGC y ULL no ofertan lo que demanda el alumnado?
-Más que el alumnado, diría que la sociedad y el entorno económico y social. Las universidades tienen que ser conscientes de que una cosa es el planteamiento de los planes de estudio con los objetivos que ellas mismas definen y otra lo que la sociedad puede desear.
-¿Se están marchando estudiantes canarios fuera porque aquí no encuentran lo que quieren?
-Habría que hacer una encuesta. Nosotros los datos que tenemos es de los estudiantes que solicitan beca, y son interesantes porque más de 2.000 estudiantes canarios que lo hacen es para estudiar en una universidad pública que no es ni la de La laguna ni la de Las Palmas de Gran Canaria. Hay que analizar qué titulaciones son y si las tenemos o no, porque si se van para estudiar una carrera que se estudia en Canarias la pregunta que me haría si estuviera al frente de una universidad es por qué. También les puede servir si están eligiendo una titulación que yo no oferto, porque me está diciendo demanda. Todos esos datos se lo hemos dado a las universidades.
-¿Confía en que hagan esa autocrítica y mejoren en esos déficits?
-Ese es el reto que deben afrontar. Las universidades deben plantearse, y creo que están en ello, que la mejora es posible y lo que tienen que hacer es un poco de autocrítica, salir de la zona de confort y dejar de dar titulaciones y asignaturas que pueden ser más fáciles por otras, aunque sean más difíciles y nos obliguen a hacer cambios estructurales y coyunturales, pero sabiendo que el objetivo está en satisfacer la demanda de la sociedad.
-Ustedes han calificado de asombroso que La Laguna no oferte dobles titulaciones...
-Bueno, yo no lo calificaría de asombroso. Teniendo en cuenta que ese era uno de los objetivos que marcaba la estrategia canaria 2010-20 a lo mejor le daría otro calificativo. Asombroso me parecen las explicaciones que han dado de por qué no lo han hecho, porque cuando una estrategia canaria define una política que define una acción, desde una universidad que es autónoma al menos se tiene que ser corresponsable. El Gobierno te financia y tienen que responder a las necesidades que hay, decir que no lo han hecho porque no lo creían oportuno sí es sorprendente.
-Otro problema es la falta de plazas del máster del profesorado.
-Ambas universidades públicas ofertan un número de plazas alarmantemente bajo en comparación a la demanda. Y en lugar de aumentar la oferta ni siquiera dan las plazas que tienen autorizadas, 330. La ULPGC el año pasado se permitió el lujo de ofertar 270 y La Laguna 310. Esas plazas que no dan suponen abocar a familias a pedir un crédito para pagar la privada. Es un síntoma de la desconexión que hay entre lo que la sociedad demanda y lo que las universidades hacen.
-¿La financiación plurianual con el contrato programa servirá para mejorar esa conexión?
-Desde hace tiempo Canarias necesita volver a la senda del contrato-programa, donde fuimos pioneros. Tras la crisis de 2009 nos quedamos atrás y la pasada legislatura ya se pudo afrontar y no se hizo. Se articuló un convenio a 2025, sin vincular la financiación de una forma clara a la mejora de indicadores y eso nos ha llevado a la situación actual, que las universidades pretenden que se siga aumentanto la financiación ad infinitum a cambio de prácticamente nada, y eso es algo insostenible porque los recursos públicos son limitados. La única manera de que se haga la política universitaria que quiere quien financia a las universidades públicas canarias, que es el Gobierno, es vincular la financiación al cumplimiento de una estrategia, respetando por supuesto la autonomía universitaria. Hablamos de bajar la tasa de abandono, mejorar la captación de estudiantes de grado y posgrado, de la captación de recursos externos.
-¿Cuándo prevé cerrar la negociación?
-En sepiembre pretendemos avanzar con las dos universidades los indicadores y los elementos de financiación que están en la media nacional y los que se pueden mejorar y requerirle datos más concretos. Queremos adelantar el cambio de modelo al inicio de la próxima legislatura. Ahora estamos definiendo las necesidades de financiación de 2023.
-Los rectores de la ULPGC y La Laguna reclaman como mínimo 301 millones de euros para que no haya recortes. ¿Lo tendrán?
-Creo que las universidades deben estar en el mismo plano que está la Consejería de Educación, hacer propuestas razonables. No se puede poner sobre la mesa algo que es imposible de alcanzar. Yo también podría pedirles que el curso que viene las personas que solicitan beca y se van fuera porque aquí no tienen lo que buscan fueran solo cien, pero soy consciente de que es inalcanzable. Solo le pedimos que sean razonables. La consejera se reunió con los dos rectores hace dos semanas y hay que ser sensatos, no decir una cosa en una reunión y luego convocar una rueda de prensa y transmitir algo diferente.
- Es decir, que no tendrán esos 57 millones de más al año...
-Sesenta millones más para las universidades públicas supondría asumir que lo necesitan, y nosotros ahora estamos cumpliendo lo firmado entre las universidades y el anterior Gobierno en 2017 con el horizonte en 2025. Las universidades dicen que están infrafinanciadas. Yo creo que eso no es cierto, lo que hay que analizar es si están gestionando bien los recursos públicos que tienen. Pedimos a los rectores que tengan capacidad de hacer autocrítica y bajar del argumento de que el problema es el dinero, porque no lo es, ojalá los problemas de las universidades públicas se resolvieran con dinero, y no solo las canarias.
-La nueva ley universitaria reconoce esa infrafinanciación...
- Creo que el Ministerio de Universidades ha desenfocado el problema con la ley al hablar de infrafinanciación. Es un error de base que a los rectores le viene muy bien, pero el problema es el sistema de gobernanza, el servicio público, la transparencia, la rendición de cuentas... La financiación puede ser un problema, pero no es el problema.
- En Canarias hay cuatro universidades privadas. ¿Son muchas?
-Nuestro sistema es de dos públicas y otras tres privadas operando, falta la cuarta aprobada, para cubrir el mismo número de estudiantes de hace diez años cuando solo había dos públicas. Ni muchas ni pocas, lo importante es que cumplan con la ley y hace dos años ninguna universidad privada en Canarias tenía los papeles, sus estatutos aprobados por el Gobierno, sus normas de funcionamiento, sus planes de estudio publicados en los boletines oficiales. Había mucha inseguridad jurídica, para los estudiantes y sus familias, y eso lo hemos resuelto. Y luego por primera vez en esta legislatura cuando ha llegado una universidad privada que la lleva una sociedad mercantil y no cumple con los requisitos de la ley se le dice 'no'.
-Habla de la Tech. Ese 'no' le ha llevado a los tribunales.
-En agosto de 2021 se firmó la orden desestimatoria y ha sido recurrida por lo contencioso administrativo, por lo que seguirá ese camino judicial. Y la querella criminal contra la orden ha sido archivada. En paralelo hay denuncias por todos los lados, contra mí, los rectores. Pero mi obligación es cumplir la ley y si el precio que tengo que pagar es que me denuncien por lo civil y lo penal, lo asumo.
TERESA ARTILES/ LUISA DEL ROSARIO
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