Los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra y de la Universidad de La laguna (ULL), Rosa Aguilar, se reunieron ayer con la consejera de Educación, Manuela Armas, para exponerle las causas por las que ambas instituciones quieren negociar un contrato programa de cinco años y que el Ejecutivo aumente el presupuesto para las dos hasta los 301 millones de euros, unos 57 millones más que en la actualidad. Aún así, explicaron los gerentes de las dos universidades, Roberto Moreno (ULPGC) y Juan Manuel Plasencia (ULL), este presupuesto es el «mínimo» para recuperar la financiación que tenían en 2013.
Con el último contrato programa en vigor, 2009-2013, ambas universidades fueron financiadas con 1.387 millones de euros. De ellos 1.269 fue para el funcionamiento de las universidades y 118 millones para inversión y mantenimiento en infraestructuras. Pero la financiación de los últimos cinco años (2018-2022) ha sido menor. En total 1.186 euros y de ellos solo 22 para inversión, según la «radiografía de la financiación de las universidades públicas canarias» que entregaron ayer a la consejera de Educación.
Si no logran ese aumento en el presupuesto, advirtió el gerente de la ULPGC, las universidades entrarán en déficit, pero como por ley no pueden tendrán que «hacer recortes» de los servicios que prestan.
De hecho, en esa radiografía Moreno destacó que este año, gracias a que podrán utilizar el remanente para financiar gastos derivados del aumento de los precios de la luz y otros suministros, el presupuesto de la ULPGC se quedará equilibrado. Pero las proyecciones son que tanto la ULPGC como la ULL el próximo año tengan déficit (1,6 millones en 2022 y más de 2 millones en 2024).
Serra añadió que aunque tengan un remanente de 30 millones la ULPGC y 26 millones la ULL y ahora lo puedan utilizar, «es como en las familias, no podemos gastar todos los ahorros».
La rectora de La Laguna, Rosa Aguilar, puso la metáfora del antibiótico como un recurso de urgencia y esa es la inyección que necesitan ambas universidades para evitar problemas. Pero el contrato programa de cinco años que debe negociarse debe permitir que ambas instituciones sigan manteniendo la calidad educativa. Serra y Aguilar aludieron a la buena posición que mantienen ambas universidades en distintas áreas en el ranquin de Shanghai que analiza más de 70.000 universidades de todo el mundo. E insistieron en que la investigación en las islas depende de las universidades.
Ambos rectores señalaron que la reunión con la consejera había sido «fructífera y muy positiva», y se emplazaron a seguir exponiendo sus demandas en las próximas reuniones además de atender a los objetivos que plantea el Gobierno canario. Entre ellos trataron, como ha planteado la consejera Armas, la falta de plazas en el máster del profesorado. Serra y Aguilar se mostraron dispuestos a aumentar la oferta, especialmente si se les autoriza a impartirlo a distancia porque con el presupuesto actual no pueden contratar a más profesorado.
Aguilar insistió en que las universidades públicas son «el gran ascensor social» en Canarias, y aseguró que no están perdiendo estudiantado. «Eso es un mantra», abundó. «Queremos que la Consejería nos conozca mejor; 45.000 familias de este archipiélago quieren aulas y materiales en condiciones, pero también programas internacionales de posgrado porque vivimos en un mundo global».
La idea es poder firmar el nuevo contrato programa antes de fin de año para que entre en vigor en 2023.
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