Dependencia encabeza las quejas al Común

03/05/2019

Entre enero y abril la institución recibió un 55% más de reclamaciones que en el mismo periodo de 2018. En total suma ya 900 expedientes

Las quejas relacionadas con el reconocimiento del grado de dependencia, las valoraciones del Plan Individual de Atención (PIA) o la falta de plazas en centros asistenciales socio-sanitarios encabezan ya las reclamaciones presentadas ante la Diputación del Común. En solo cuatro meses, la institución que dirige Rafael Yanes ha recibido 109 quejas que tienen que ver con la tramitación de la dependencia. En todo 2018 se registraron 376 expedientes de queja por este motivo.

En total, la Diputación del Común recibió entre enero y abril 900 quejas, un 55% más que las presentadas en 2018 en el mismo período. Rafael Yanes achaca este incremento al «buen funcionamiento de las 37 personas que conforman la Diputación del Común» y al conocimiento que se tiene de la institución. Por meses, abril fue en el que más quejas entraron, con 245, seguido de febrero, con 239. En enero se presentaron 211 y en marzo, 205.

Las quejas por los retrasos que se producen en los expedientes del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia coparon las 109 quejas recibidas en estos cuatro meses, siendo el mes de abril el que más reclamaciones registró, un total de 42, doblando casi las recibidos en marzo. Ese mes llegaron a la Diputación de Común 28 quejas relacionada con la dependencia, en febrero se recibieron 21 y en enero 18.

Siguiendo con esta tendencia, el año se podría cerrar con cerca de un millar de reclamaciones relativa a este asunto. En todo 2018, la institución encargada de supervisar el buen hacer de las administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos sumó 376 expedientes vinculados al departamento del Gobierno que la gestiona la dependencia, la Consejería de Política Sociales, un 32,39% más que las recibidas en 2017, cuando se registraron 284 quejas.

Rafael Yanes ya denunció cuando presentó en marzo el informe de 2018 de la institución en el Parlamento que, mientras que la ley «da seis meses para valorar» el grado de dependencia de una persona, en el Canarias «se multiplica por cuatro la media», es decir, se tarda dos años. También recordó entonces que Canarias es la comunidad «que menos recursos destina por habitante y año a la dependencia, 54,9 euros, «cuando la media en España es más del doble».

Tras las quejas por dependencia, el 12,1% del total, también se registró un aumento en el área de Trabajo y Función Pública, la segunda en número de expedientes (73), seguida de Economía y Hacienda (65), Política Territorial (64), Justicia (58) y Vivienda (53).