Informe

El Diputado del Común reclama un pacto por la dependencia en Canarias

15/03/2019

Rafael Yanes presentó en el Parlamento el informe 2018 de la institución y denunció que el reconocimiento de grado tarda dos años de media, cuatro veces más que lo que marca la ley.

El diputado del Común, Rafael Yanes, instó ayer en la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento canario a alcanzar «un gran pacto por la dependencia en Canarias» y pidió que este asunto «no formara parte del debate partidario».

Yanes, que presentó el informe de 2018 de la institución, denunció que mientras que la ley «da seis meses para valorar» el grado de dependencia de una persona, en el archipiélago «estamos multiplicando por cuatro la media», es decir, se tarda dos años. Y que Canarias es la comunidad «que menos recursos destina por habitante y año a la dependencia, 54,9 euros, «cuando la media en España es más del doble».

En el informe 2018, además, se recoge que ese año se registraron un total de 376 expedientes de queja a diferencia de las 284 presentadas en el año anterior, produciendo así un incremento del 32,39%. Y que entre los expedientes registrados destacan las quejas sobre la tardanza en la resolución del reconocimiento de los grados de dependencia, las valoraciones del PIA y la falta de plazas en centros asistenciales socio-sanitarios.

Tras el turno de preguntas de los grupos, el diputado del Común insistió en que la dependencia no debía ser «objeto de debate, sino de pacto» y señaló que no solo es una cuestión de «falta de recursos» económicos, que también, pero «el principal problema es que el sistema está duplicado. Se hacen dos visitas diferentes a la misma persona para el mismo expediente. Nuestros técnicos dicen que es un problema del procedimiento», abundó.

Por otro lado el diputado del Común resaltó también como negativo en el área de menores «dos incumplimientos». El primero, dijo, que sigue sin elaborarse el 2º Plan de la Infancia y la Adolescencia, y el segundo que no se ha desarrollado una norma específica que regule los puntos de encuentro familiar.

El Diputado del Común reclama un pacto por la dependencia en Canarias

Yanes también elevó el tono al hablar de transparencia y dación de cuentas. «Aunque la evolución es positiva, a las administraciones les sigue costando dar respuesta a la ciudadanía. Es necesario cambiar esa forma. Incumplen la ley al no colaborar con el Diputado del Común», lamentó.

La institución envió 89 advertencias, 65 de ellas al Gobierno canario, por no dar información

«El silencio por respuesta es inadmisible», abundó Yanes quien relató las cifras. Desde la institución se han enviado 285 recordatorios del deber legal, «menos que el año pasado, pero siguen siendo muchísimas». Además, se enviaron 89 advertencias, 65 de ellas al Gobierno canario, afirmó. Y se firmaron tres declaraciones de obstruccionismo, dos al Ayuntamiento de Arrecife y una al Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria. Y todo ello, señaló Yanes, teniendo en cuenta que antes de enviarles un escrito por obstruccionismo «primero se pide información, después se reitera, después se envía un recordatorio del deber legal y posteriormente se envía una advertencia».

Investigación

El diputado del Común señaló que en 2018 atendieron a 22.000 personas y que quiere seguir siendo una institución cercana a la ciudadanía y «atenta a la calle, los medios de comunicación y las redes sociales para detectar situaciones en las que pueden verse vulnerados derechos», por eso, dijo, el pasado año aumentaron en un 460% las acciones de oficio abordando temas como la enfermería escolar en los colegios públicos, la inseguridad jurídica en las compras por internet, las personas afectadas de fibrosis, personas con diabetes o a quienes aprobaron la OPE de Educación y no tienen plaza.

Yanes también adelantó que para el próximo informe, el de 2019, la institución iba a realizar «una investigación en profundidad sobre las necesidades de plazas sociosanitarias» en las islas y otra sobre las quejas en justicia.

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