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Sin embargo, alegaciones como la de los agentes que conforman el proyecto Conviviendo con Arenales hicieron que el tripartito reconsiderara su ordenación inicial. «Consideramos un error tratar el complejo fenómeno de la prostitución desde un punto de vista urbanístico sin aplicar un enfoque de derechos y perspectiva de género, y omitiendo la consideración de violencia de género», aseguraron.
Y añadieron que «este tipo de normativas fomentan conductas persecutorias e intimidatorias hacia las personas que ejercen prostitución y suponen un obstáculo más para su inserción en la comunidad, quedando todavía más invisibilizadas, estigmatizadas y vulnerables».
El edil de Urbanismo, Javier Doreste, expuso ayer que hasta que el Estado no aclare el abordaje de la prostitución, no se realizará ninguna aproximación municipal. «La inclusión de la prostitución como una actividad clasificada supone legalizar de facto la compra del cuerpo de la mujer», expuso.
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