Firmas en favor de la norma que regula la prostitución en la ciudad

23/10/2018

Un grupo de vecinos de Arenales ha decidido reactiva la asociación El Cachorro y ha empezado a recabar apoyos para que el Ayuntamiento apruebe, y luego aplique, la nueva normativa urbanística que obliga a los prostíbulos a alejarse a una distancia de 300 metros de los colegios

Un grupo de vecinos del barrio de Arenales ha comenzado una campaña de recogida de firmas en apoyo de las nuevas normas urbanísticas que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llevará al pleno este viernes. Los promotores de esta iniciativa, que prefieren mantener el anonimato, aseguran que su intención es «apoyar la ordenanza y que se aplique» porque la regulación de la actividad de naturaleza sexual es esencial, desde su perspectiva, para posibilitar una convivencia pacífica en el barrio.

Para impulsar esta iniciativa, los residentes de Arenales han reactivado la asociación El Cachorro, que estuvo operativa a fines de la década de los 90, y que destacó por su interés en que el Ayuntamiento regulara el negocio de la prostitución. «No estamos en contra de las chicas ni de la prostitución, sino que estamos a favor de que se regule», prosiguen, «por eso apoyamos al Ayuntamiento».

La iniciativa surgió a partir de la publicación, por parte de este periódico, de la aprobación de las nuevas normas del Plan General de Ordenación, que fijan que los prostíbulos deberán guardar una distancia de separación de 300 metros de los colegios y de 150 metros entre unos y otros. Además, de acuerdo con el reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos del Gobierno canario, estos locales deben tener seguridad privada,

«En cuanto lo vimos en el CANARIAS7 decidimos movernos», prosiguen las mismas fuentes, «porque entendemos que si esto se lleva a cabo se va a solucionar el problema».

Inseguridad

Desde la perspectiva de la renovada junta directiva de la asociación El Cachorro se entiende que el principal problema que tiene la prostitución en la zona de Arenales es el que esta actividad lleva aparejado en forma de inseguridad, de tráfico y consumo de drogas, de peleas y ruidos.

«Básicamente el problema que tenemos es de seguridad y eso hay que vigilarlo», explican. Comentan casos como el que ocurrió hace una semana, cuando un hombre salió machete en mano asestando mandobles a otro hasta que al final fue detenido por la policía.

«Ahora hay más que antes, existen prostíbulos que funcionan como bares y eso debe regularse», añaden. Y critican que la mesa de trabajo por la convivencia con la prostitución en Arenales -formados por colectivos vecinales, servicios municipales, ONG y representantes de las prostitutas- no haya podido dar respuesta a los problemas de seguridad que ellos denuncian.

La asociación calcula que en estos momentos hay unas treinta viviendas que amparan actividades de naturaleza sexual en el barrio, básicamente en Molino de Viento, pero también en otras calles como Pamochamoso, Suárez Naranjo o Ángel Guimerá.

Ellos creen que la distancia de separación de los prostíbulos no solo debe fijarse en relación a los colegios -hay tres en la zona- sino también de los centros cívicos.

Su intención es incorporar todas las firmas de apoyo a la norma al periodo de exposición pública al que se someterá la modificación de las normas urbanísticas del Plan General en el próximo pleno.

Desde su perspectiva, la aplicación de la norma debe regular la situación desde el momento en que se aprueben. No comparten que el grupo de gobierno diga que no puede regular la situación previa a la modificación normativa y critican que el PP no se haya posicionado en favor de esta iniciativa.