Unidos exige la devolución de los embargos por la zona azul y verde

06/07/2018

La concejala de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, reclama al Ayuntamiento que revise de oficio todas las liquidaciones de la zona azul y verde practicadas por ser «injustas». Asegura que los embargos por impago del estacionamiento regulado llegará a los ocho millones de euros.

El grupo municipal de Unidos por Gran Canaria ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que pide que se revise de oficio todos los cobros hechos a los vecinos que no pagan la zona azul y verde. El objetivo es que «se acuerde su anulación y devolución del importe abonado, más el abono de interese a partir de dicho pago».

Hay que recordar que, como adelantó este periódico en mayo del pasado año, el Consistorio empezó a reclamar las tarifas no liquidadas por los vecinos en los últimos cuatro años, con lo que hay casos en los que el cobro es especialmente importante.

Así, la presidenta de la asociación canaria de afectados de la zona azul y verde, Beatriz Gálvez, aseguró tener conocimiento de 479 casos diferentes, con embargos que oscilan entre los 500 y los 12.000 euros.

La petición de la portavoz de Unidos por Gran Canaria, Ángeles Batista, toma como base varias sentencias judiciales que han dado la razón a los embargados por un supuesto error en el procedimiento de embargo y cobro. La edil calcula que por este motivo se recaudarán entre siete y ocho millones de euros en 2018, si bien en el presupuesto está prevista la cantidad de 6,77 millones de euros por este concepto.

«Las zonas azul y verde son como una infección que se extiende de manera abusiva», indicó Batista, quien insiste en la necesidad de suspender el estacionamiento regulado para poder redefinir su implantación. «El alcalde dijo que quienes no pagan son unos carotas y los criminalizó», señaló.

Gálvez añadió que el problema se agrava por el hecho de que muchas de las personas embargadas no pueden ni siquiera abonar la tasa.

Batista insistió en que la ordenanza que regula el funcionamiento de las zonas azul y verde es «ilegal» y su aplicación «no sigue el procedimiento administrativo».

La petición de Unidos por Gran Canaria también fue apoyada por la asociación La Casa del Funcionario, cuya presidenta, Fany Barreto, planteó dudas sobre el control que tienen los ingresos por las multas.