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«No pedimos limosnas, queremos nuestros sueldos»

«No pedimos limosnas, queremos nuestros sueldos»

Los trabajadores de la contrata de limpieza de los 64 colegios públicos de la ciudad, que regenta Ralons, volvieron a quejarse ante el pleno del retraso en el abono de sus nóminas. Esta vez, el Ayuntamiento se comprometió a vigilar para que puedan cobrar en tiempo y forma

Jueves, 1 de enero 1970

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Los empleados depositaron en el pleno su angustia y su esperanza. La primera, por la reiterada demora en sus nóminas, lo que está obligando a muchos a tener que apoyarse en los servicios sociales para alimentarse; y la segunda, porque confían en que solo el Ayuntamiento podrá exigir a la empresa Ralons el pago de los salarios antes del día 5 de cada mes, como fija el convenio.

Su situación fue respaldada por todos los grupos políticos que, sin embargo, no alcanzaron un acuerdo. Al final, la enmienda que presentó el gobierno a la moción del PP salió adelante con los votos del tripartito. El acuerdo plenario obliga al Consistorio capitalino a velar «por el cumplimiento de las obligaciones retributivas de los trabajadores del servicio de limpieza y adopte las medidas oportunas de acuerdo con la normativa vigente».

Con esta redacción, la Corporación trata de adoptar una postura de fuerza sobre la empresa Ralons, aunque en diciembre la edil Lourdes Armas reconoció que no puede sancionar a la adjudicataria hasta que no haya dos mensualidades impagadas.

La situación afecta a 389 trabajadores (la mayoría son mujeres) que, en muchos casos, tienen empleos a media jornada, con sueldos de 460 euros. Con estos márgenes, es sencillo imaginar lo que puede representar para sus economías familiares el retraso continuado de las nóminas. «No podemos ni pagar la guagua, no tenemos para comer, incluso hay quienes están yendo a comedores sociales», indicó Esther López, una de las afectadas. También le pidió al Ayuntamiento que acelere la licitación del servicio «por vía de urgencia y lo adjudique a otra empresa».

La concesionaria gestiona el servicio en precario porque tanto el contrato como la prórroga están vencidos. Tras una serie de recursos e informes, la Junta de Gobierno acordó en julio de 2018 la nulidad de los pliegos y anunció la nueva licitación.

Mientras, se ha tenido que seguir prestando el servicio porque es de obligado cumplimiento por ley.

La concejala del PP Rosa Viera criticó al grupo de gobierno por no haber dado antes una solución a estos trabajadores. «Esto va más allá de la normativa», dijo, «es un caos la forma en que se ha llevado el contrato». Pero Lourdes Armas defendió que desde el primer momento se dio la cara por los trabajadores.

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