La ayuda al IBI y el bono del agua malogran el presupuesto social

25/07/2019

Pese al aumento del esfuerzo en ayudas de emergencia y de alquiler, el Ayuntamiento dejó sin gastar unos 1,85 millones de euros de sus partidas sociales. Básicamente se debió a la congelación del IBI social y la falta de aplicación de las tarifas reducidas de Emalsa.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aumentó su esfuerzo con las personas más necesitadas del municipio en 2018. De acuerdo con la liquidación del presupuesto de 2018, de los 23,61 millones de euros que se distribuyeron en las diferentes partidas que articulan el gasto social, solo se quedaron sin emplear 1,85 millones de euros, lo que arroja un nivel de ejecución del 92,18%, más de veinte puntos porcentuales que en 2017.

El fuerte tirón del último ejercicio, cuya liquidación irá al pleno ordinario de mañana, se explica en buena medida por el sobreesfuerzo presupuestario que el grupo de gobierno hizo en materia de prestaciones económicas de especial necesidad y de emergencia social. Estas ayudas configuran la base de la asistencia social directa que presta el Ayuntamiento. A ellas destinó 653.000 euros más de lo previsto cuando se confeccionó el presupuesto: se proyectó un gasto de 3,92 millones de euros y cuando acabó el año se reconocieron obligaciones por valor de 4,58 millones de euros. Esta cantidad representa casi un 17% más de lo consignado inicialmente.

También experimentaron un aumento notable las ayudas al alquiler de viviendas, que registraron un nivel de ejecución del 97,43%, algo superior al 96,48% del ejercicio de 2017. Este aumento porcentual esconde, sin embargo, un incremento importante en términos absolutos, que supone pasar de un nivel de gasto de 1,1 millones de euros hace dos años a 1,3 millones de euros en 2018.

De la partida de ayudas de alquiler, que inicialmente se dotó con 1,2 millones y luego se reforzó con casi 100.000 euros más, solo sobraron el año pasado unos 33.400 euros.

También se agotaron prácticamente los fondos del servicio de ayuda a domicilio (99,99% de ejecución), las ayudas que presta el Ayuntamiento para acometer obras particulares de eliminación de barreras arquitectónicas y de adquisición de vehículos adaptados (94,1%) y la partida para la prevención de drogodependencias (99,3%).

Entidades sociales

Sin embargo, el bajo nivel de ejecución en algunas otras partidas de peso lastraron el gasto social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante el año 2018. La más importante de ellas, por la cuantía de que dispone, es la que sirve para distribuir subvenciones entre organizaciones no gubernamentales y para articular también las ayudas a la vivienda habitual, conocido también como el IBI social. En este caso, de los 4,05 millones de euros de que disponía esta bolsa, al final se quedó sin utilizar algo más de 1,5 millones de euros, con lo que el nivel de ejecución fue del 62,2%.

La concejala de Hacienda, Encarna Galván, explicó que esto se debe básicamente a que el año pasado no se sacó la convocatoria pública del IBI social. En efecto, todavía se está tramitando las subvenciones de 2016 (383.303 euros) y aún no se han resuelto las de 2017. Para 2018 se consignó un total de 1,06 millones de euros, que no se tocaron; y en 2019 ya se rebajaron los fondos del IBI social a medio millón.

En cuanto a la parte que corresponde a las ONG -casi medio millón de euros-, la edila aclaró que hubo ayudas que no se llegaron a pagar en 2018 pero que se hicieron en el presente año.

Por otro lado, los 300.000 euros del bono social del agua tampoco se aplicaron -no se ha hecho nunca pese a ser un compromiso desde el inicio del mandato anterior del pacto de gobierno- y en el presupuesto de 2019 ya desapareció del todo esta partida.

También hay un nivel bajo de ejecución en el apartado de premios de jubilación, gastos escolares y ayudas por gastos sanitarios al personal municipal (menos de un 5%) pero se debe, según Galván, a que parte de estos complementos se tuvieron que abonar con cargo a otras partidas presupuestarias como consecuencia de que la mayoría se abonó a consecuencia de sentencias judiciales ganadas por los trabajadores. Eso explica que de los 997.500 euros que se habían consignado, solo aparezcan obligaciones por valor de algo más de 48.000 euros. «Los pagos de 2015, 2016 y 2017, por un importe de 2,5 millones de euros, se abonaron en 2018 por aplicación de una sentencia», aclaró Galván.

En cuanto al suministro de productos de limpieza, ejecutado al 89%, la concejala indicó que se «va pagando a medida que se va necesitando».

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