El PP denuncia que el IBI social no se paga desde hace dos años

07/02/2019

Las ayudas a la vivienda habitual de 2017 no se han abonado, mientras que las de 2018 ni se convocaron. El edil Ángel Sabroso opina que la medida social se ha quedado en propaganda.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Ángel Sabroso, calificó ayer la política social del tripartito (PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias) como «cartón piedra» después de denunciar la paralización absoluta del IBI social, una línea de ayudas a la vivienda habitual que el grupo de gobierno activó en 2016 con la previsión de auxiliar a unas 26.000 familias más desfavorecidas y con viviendas de valor catastral inferior a los 30.000 euros.

El edil hizo un repaso de las tres convocatorias realizadas para sustentar el argumento de que la iniciativa ha sido un «fracaso evidente». Así, en el año 2016, se presentaron 6.750 solicitudes, de las que 1.532 fueron denegadas. Para las aprobadas se reservó 383.000 euros. Del dinero que no se empleó, se usaron 1,2 millones de euros para pagar conciertos como el de Ricky Martin y otros actos culturales.

«Esta situación, que ya es difícil de comprender, se complica aún más cuando hoy sabemos que los 5.218 solicitantes del IBI Social a los que se reconoció la ayuda en 2016 no han recibido en su totalidad el pago de la subvención, cuando han pasado más de dos años y medio», continuó Sabroso.

En cuanto a la convocatoria de 2017, se presentaron 2.738 solicitudes, de las cuales «no se ha pagado ni un solo céntimo». El portavoz popular expuso que «hoy, año y medio después de la presentación de esas solicitudes, el tripartito ni tan siquiera las ha resuelto, es decir, aún no ha estudiado las solicitudes y determinado cuáles son aprobadas y cuáles no, ni por qué importe».

Sin convocar en 2018

Por último, el IBI social de 2018 ni siquiera se ha convocado. «En un ejemplo más de la frivolidad de Augusto Hidalgo, Javier Doreste y Pedro Quevedo, el pasado año dejaron morir definitivamente el IBI Social», denunció Sabroso.

Parte de los problemas con que se ha encontrado el IBI social se explican en la gestión del expediente. En 2016, la interventora accidental ya devolvía la propuesta de gasto hecha por el grupo de gobierno porque no venía «acompañada del correspondiente expediente administrativo» y porque «el concejal de Cohesión social e Igualdad carece de competencias para la compensación de deudas tributarias».

Y a fines de 2018, el órgano de gestión presupuestaria advertía de que el «expediente no incluye documento justificativo de la retención de crédito para esta convocatoria en el vigente presupuesto municipal».

Esto significa que, «en todo el año, el grupo de gobierno no fue capaz de hacer la reserva de crédito, algo necesario para disponer del dinero, a pesar de que tenían una partida presupuestaria para ello», denunció el portavoz municipal del PP. En aquellos momentos, la partida para el IBI social era de 553.056,76 euros respecto de los 1,06 millones de euros con que se dotó la partida en el presupuesto a principios de ese mismo año.

Para Ángel Sabroso, el grupo de gobierno «tuvo que inventarse el IBI social tras un incremento del valor catastral de todos los inmuebles de la ciudad del 10%, impulsado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a finales de 2015».

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