Ciudadanos se suma al pacto en apoyo a las ayudas al IBI
Canarias7
Viernes, 1 de julio 2016, 23:45
El Pleno aprobó este jueves con los votos del gobierno y Ciudadanos, y la abstención del PP y Unidos por Gran Canaria, el nuevo IBI social. Pese a la división del voto, toda la oposición criticó que el criterio de adjudicación de las compensaciones del catastro no tenga en cuenta la situación económica de las familias.
La elección del criterio del valor catastral de las viviendas -con el límite de 30.000 euros- para conseguir la compensación parcial o total del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) fue el principal motivo de discrepancia entre el gobierno y la oposición este jueves. El pacto de gobierno entiende que el valor catastral es un indicador de riqueza que en el caso de los inmuebles menos valorados coincide con las zonas más afectadas por el desempleo y la exclusión social. Pero la oposición considera que si se ahonda en la particularidad de los casos pueden generarse tratos injustos, de ahí que reclamara un estudio más profundo de la situación socioeconómica de los contribuyentes, en lugar del valor de sus viviendas. Estas diferencias irreconciliables -el gobierno local defiende que sólo atendiendo al valor catastral se garantiza una tramitación rápida de los expedientes porque no hay que realizar más valoraciones ni esperar por los datos de otras administraciones- dividieron este jueves el voto en la oposición. Así, Ciudadanos apoyó la propuesta del IBI social «porque no podemos negar la ayuda a los sectores más desfavorecidos», mientras que PP y Unidos por Gran Canaria se abstuvieron al considerar «injusto» el criterio de compensación del impuesto. El concejal popular Ángel Sabroso denunció que se pueden dar casos de personas con escasos niveles de renta pero con casas de más de 30.000 euros que se verían excluidos de la compensación, mientras que otros que tuvieran una vivienda de poco valor pero mucho dinero en el banco podrían acogerse a la subvención. Por este motivo, el Partido Popular anunció la presentación de alegaciones «para enmendar esto» porque considera que «las ayudas se tienen que dar en función de los ingresos». Los grupos de la oposición también acusaron al gobierno local de presentar el IBI social con retraso porque aunque fue anunciado en el acuerdo de gobierno firmado por los tres partidos del pacto -PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias- desde hace un año, el expediente no se inició hasta el pasado 11 de abril. Para ellos, esto se debió al intento de esconder la revisión de los valores catastrales de la ciudad, decidida en verano del año pasado, y los malos resultados electorales de los últimos comicios para las formaciones que componen el tripartito. Sin embargo, la concejala de Presidencia, Encarna Galván, negó estos extremos y aseguró que el ritmo de los trabajos había sido el necesario para poder asegurar que la compensación del IBI llegaría a los sectores de población más necesitados de la capital grancanaria. La propuesta fue incluida por la vía de urgencia gracias a los votos del gobierno. Galván justificó el procedimiento por el volumen de familias beneficiadas, que pueden llegar a 26.800.
