El gobierno ordena el pago del IBI social con tres años de retraso

En principio, cuando se lanzó esta iniciativa, el grupo de gobierno calculó que la ayuda llegaría a unas 25.000 familias de la ciudad, pero la realidad rebajó estas expectativas. Ese año se presentaron 6.750 solicitudes, de las que un total de 1.532 fueron denegadas. Esto rebajó el número de beneficiarios hasta una cifra final de 5.218 contribuyentes.

Por razones que todavía no han sido justificadas y que el Ayuntamiento no ha querido explicar, pese a que este periódico lo ha intentado en los últimos cuatro días, hasta ahora no se le había pagado a los ciudadanos esta cantidad.

En el último pleno, el Consistorio aprobó, dentro de una concesión de créditos extraordinarios de 33,01 millones de euros, la partida de casi 400.000 euros para el abono de las ayudas a los gastos de la vivienda habitual.

Como esta operación de pago no disponía de crédito en las cuentas de 2019, se ha tenido que impulsar una modificación presupuestaria para inyectar ese dinero en las previsiones de este año. Y para eso se detrae del remanente de tesorería que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es de casi 176 millones de euros.

Hay que recordar que del presupuesto de 2016 para el IBI social sobraron 1,3 millones de euros de la partida inicial. De esta cantidad, se emplearon 1,2 millones en el pago de celebraciones como el fin de año en el Puerto, conciertos como el de Ricky Martin o las actuaciones musicales del Pueblo Canario.

Al año siguiente, en el presupuesto de 2017, también se hizo una convocatoria pública de este tipo de ayudas que se mantuvo abierta durante dieciséis días. En ese tiempo, se llegaron a registrar 2.738 solicitudes, de las que 276 eran de beneficiarios de ayudas sociales y otras 85 correspondían a la cuota de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler.

El problema con esta segunda convocatoria es que aún no ha sido resuelta, con lo que sus potenciales beneficiarios siguen a la espera de que se resuelvan las gestiones municipales.

En 2018 se volvió a consignar una partida de 1,06 millones de euros para las ayudas a los gastos de la vivienda habitual, pero no se abrió la convocatoria. Y lo mismo ocurrió en 2019, aunque en este año la ficha financiera sufrió un tijeretazo del 53% y se quedó solo en medio millón de euros.

El concejal del PP Ángel Sabroso denunció que «el IBI social es el mayor ejemplo del fraude social que es el gobierno del PSOE en la ciudad». El edil calificó de «tomadura de pelo» la campaña sobre el IBI social del alcalde, Augusto HIdalgo, porque «ahora se demuestra que solo destinan 390.000 euros y que, tres años después, aún no han pagado ni un céntimo».

«El fraude del IBI social, el del bono social del agua, el bono social deportivo, la devolución de fondos para la pobreza infantil, el lío del servicio de ayuda a domicilio, los retrasos en el pago a las ONG o la vergüenza de los comedores escolares son suficientes ejemplos para quitarle al PSOE la máscara de prioridad social de la que siempre hace gala», añadió el edil.