Caza de brujas contra los agentes de movilidad

22/05/2018

La difusión de la orden que prohibía multar a los agentes de movilidad ha iniciado una investigación interna en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que puede acabar en despido

Seguro que el lunes pasado a su teléfono le llegó la orden del jefe de la Policía Local que prohibía multar a los agentes de movilidad. «Lo tenía toda la ciudad», reconocen desde el Ayuntamiento, preocupados por la viralización de una orden que volvía a limitar las atribuciones de estos funcionarios. Ante estos hechos, en la Policía Local se inició una investigación que acabó el jueves con la tramitación de un expediente informativo por la supuesta filtración de la orden.

«Se ha dado traslado de la supuesta irregularidad a Recursos Humanos», denunciaba ayer el representante de Comisiones Obreras en la Policía Local, Iván Jiménez, «se está buscando un cabeza de turco y es una auténtica aberración contra estos trabajadores, que no tienen culpa de la indefinición política».

La posibilidad de sancionar de los agentes ha quedado en entredicho desde que se conoció una sentencia que anulaba una multa impuesta por un agente de movilidad hace unas semanas. Desde entonces, tal y como ha venido informando CANARIAS7, los agentes han visto reducido su cometido en medio de una gran indefinición sobre cómo solventar este asunto. La solución provisional dada en la citada orden fue que los agentes de movilidad multaran por la vía voluntaria, lo que obliga a tramitar la denuncia a través de la Policía Local y los desnuda de la presunción de veracidad.

«Hay una caza de brujas contra nosotros, pero hay que tener en cuenta que esto puede afectar a una persona que tiene que mantener a una familia», explicaron los agentes de movilidad consultados por este periódico.

«El documento nos llegó al móvil a los diez minutos de que se nos hubiera comunicado la orden en papel físico», prosiguen las mismas fuentes, «no fue filtrado por ninguno de nosotros porque en estas circunstancias sabíamos que había que ir con mucho cuidado, pero lo cierto es que en muy poco tiempo ya lo tenía toda España».

El Ayuntamiento no se pronunció de modo oficial al respecto pese a ser requerido por este periódico. Aún así, otras fuentes indicaron que, en el peor de los casos, se podría estar ante una «infracción muy grave del régimen disciplinario» que podría conllevar la «expulsión de la carrera funcionarial».

Pero es que además el Código Penal, en su artículo 417, establece que «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».