Pleito insular

El poder tinerfeño «perjudica a Gran Canaria»

21/02/2018

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha achacado el desequilibrio inversor de la Comunidad Autónoma a favor de Tenerife, cifrado en 321 millones de euros entre 2001 y 2018, a la «estructura calculada para copar poder» en el Gobierno regional y sus entidades públicas diseñada por el «nuevo insularismo» de ATI-CC.

El Gobierno insular del Cabildo de Gran Canaria ha puesto números al desequilibrio favorable a Tenerife en materia de inversiones del Gobierno de Canarias y ha responsabilizado únicamente del mismo a la existencia de un entramado de altos cargos de ATI-CC copando el poder de la Comunidad Autónoma.

Así, los 321 millones de euros más invertidos por la Comunidad Autónoma en Tenerife en el periodo 2001-2018, en comparación con Gran Canaria, serían consecuencia de que el 49% de los altos cargos y directivos del Gobierno regional y sus entidades públicas proceden de Tenerife, frente al 32% que son de Gran Canaria.

Esa «desequilibrada estructura de poder» capta más fondos e inversiones para Tenerife y controla los intereses de Gran Canaria, dijo Morales al exponer las conclusiones del Gobierno insular del trabajo hecho por la comisión especial del Cabildo que ha estudiado la posible existencia de desequilibrios en contra de esta isla.

La diferencia en las inversiones de la Comunidad Autónoma, estimada en 120 millones solo en el presente mandato, se produce también en materia hidráulica, en la que el gasto en Tenerife ha superado el ejecutado en Gran Canaria en 112,77 millones entre 2001 y 2018. Y en nuevas infraestructuras sanitarias, en las que el desequilibrio sería de 10 millones entre 20076 y 2017, o en la financiación que recibe la universidad grancanaria frente a la de La Laguna.

La clave, indicó Morales, está en el segundo y el tercer escalón del poder del Gobierno regional. Son de Tenerife el 48% de los viceconsejeros, secretarios y directores generales y miembros de delegaciones exteriores, frente al 29% de grancanarios. En sus empresas públicas los porcentajes se elevan al 65 y 30%, respectivamente, 13 frente a 6.

Sumando los cargos y directivos de esas entidades públicas a los del Ejecutivo canario en sí resulta que el 49% proceden de Tenerife y el 32% de Gran Canaria. Son 74 frente a 49.