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J. Quesada / Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 1 de enero 1970
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La emisión de deuda pública del Cabildo de 2018 anunciada por un importe de 24,15 millones de euros, prevista en el presupuesto actual de la corporación insular y para la que se ha solicitado autorización al Ministerio de Hacienda, no saldrá finalmente al mercado. Los nuevos requisitos exigidos este año por el Gobierno central impiden obtener el visto bueno preceptivo del Consejo de Ministros a tiempo de lanzarla antes de que se acabe el ejercicio y las inversiones que iban a financiar con tales ingresos serán costeadas con remanentes de tesorería.
Así lo adelanta el consejero de Hacienda del Cabildo, Pedro Justo, lamentando que la emisión de 2018 no se produzca porque impide materializar fondos acogidos a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) a profesionales, autónomos y pymes. Era, recordó, la única emisión de deuda prevista en 2018 por parte de las administraciones públicas del archipiélago.
Según Pedro Justo, los cambios introducidos por el Gobierno socialista en el sistema de autorización de estas operaciones, que han motivado el requerimiento y entrega de distinta documentación, «han retrasado los trámites y no nos asegura que estén antes de que se acabe el año». Por eso, y dada la liquidez de las arcas insulares y el volumen del saldo económico que acumula en los bancos, el Gobierno insular ha decidido «pagar con fondos propios» el ingreso que no se producirá.
En la práctica, explica Pedro Justo, el Cabildo abonará con remanentes de tesorería y no con los ingresos de la emisión de 2018 la liquidación de los bonos de la deuda que emitió hace cinco años, en 2014, y que vence este mes de noviembre. La solución, mantiene, «no afectará a la regla de gasto» y cuenta con el visto bueno de Intervención.
El consejero de Hacienda destaca que el Cabildo dispone de liquidez «de sobra» para no lanzar la emisión de deuda de 2018 y que, ante las dificultades añadidas de este año, el Gobierno insular «prefiere asegurar la de 2019», en la que el importe previsto asciende a 53 millones de euros, el volumen cubierto en la emisión lanzada en 2013. Es algo más del doble que la de este año.
El acuerdo del Consejo de Gobierno Insular que el 3 de septiembre pasado, hace dos meses, aprobó la emisión de deuda pública de 2018 designa como inversiones a financiar con esos ingresos el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos de este año, dotado con 15 millones; el acondicionamiento de carreteras, al que destina 8,13 millones; y actuaciones de integración paisajística de la red viaria, para las que reserva los restantes 1,02 millones.
Éxito en 2017. La emisión de deuda del Cabildo de 2007, por un importe de 21,28 millones, recibió solicitudes por valor de 530 millones en los tres días que estuvo abierto el periodo de suscripción. Es decir, habría podrido colocar en el mercado una cifra casi 25 veces superior a la ofertada. Al final se colocó entre los 819 demandantes asegurando un mínimo de 15.000 euros a cada uno.
Aunque cuatro solicitantes estaban dispuestos a suscribir íntegramente la primera emisión de este mandato, y de momento también la única, el Cabildo garantizó a cada peticionario un importe mínimo de 15.000 euros. Repartió así los primeros 12.285.000 euros, colocando el resto (8.970.000 euros) mediante prorrateo. De no haber garantizado ese mínimo, que elevó de 5.000 a 15.000 euros, habría colocado toda la deuda «en 5 minutos» porque en las primeras horas del primer día de suscripción, que fue del 6 al 8 de noviembre, se recibieron solicitudes por un importe superior a 300 millones.
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