El Gobierno canario, sobre el caso Mediador: «Mucha incomodidad y repugnancia»

Finalmente, señaló que el término que se le viene a la cabeza es «repugnancia» tras asistir a todo el material que están publicando los medios de comunicación sobre la trama. «Produce una incomodidad de mucha intensidad, (los diferentes agentes del Gobierno) estaremos atentos a lo que se difunda en los medios y pueda ser requerido por los autoridades», agregó Pérez.

Por otra parte, señaló que el Gobierno canario no puede, al menos por ahora, personarse en el procedimiento judicial como perjudicado, dado que no se han identificado, ni el Juzgado lo ha notificado, perjuicio económico para los contribuyentes, para los caudales públicos, lo que hace «legalmente imposible actuar como perjudicado».

Al mismo tiempo, apuntó que ya se han iniciado los trabajos para hacer una «investigación exhaustiva de todas las actuaciones, diligencias, trámites en los que hayan podido actuar estos dos exdirectores, que hará la Consejería de Agricultura junto con la Inspección General de Servicio».

En esta línea, puso de relieve que ya se han producido los contactos necesarios entre la Consejería de Agricultura y la de Administraciones Públicas «para poner en marcha esta inspección o auditoría de todo lo que ha habido». «Una primera impresión», prosiguió el portavoz, «es que, en lo que se refiere a las subvenciones, no ha aparecido ninguna anomalía y es muy difícil que la haya, porque el tipo de controles, de mecanismos y supervisiones hace muy difícil un uso torcido de estos fondos, aunque se examinarán».

Pese a ello, Pérez insistió en que existen otros expedientes, que no tienen que ver con las subvenciones, que «se analizarán y se trasladarán al Juzgado y a la opinión pública».

A este respecto, durante el turno de preguntas de la prensa, aclaró que desde el Gobierno de Canarias se han abierto dos investigaciones, por un lado, lo que se ha pedido desde el Juzgado, que «tiene que ver con cuatro empresas» y existe una fecha concreta: 2016, por lo que todo lo relativo a estas compañías desde ese año «se enviará al juzgado».

Por otro, lo que la consejera «cree que debe revisar, y lo hará»; lo referido a expedientes, actuaciones, documentos y gestiones en las que hayan podido intervenir tanto Juan Bernardo Fuentes Curbelo como Taishet Fuentes. «No solo las subvenciones, sino cualquier asunto en los que aparezca alguna intervención de los dos exdirectores», sentenció.

Por último, sobre las declaraciones de Marcos Antonio Navarro Tacoronte -el mediador que da nombre a la trama- en sede judicial, en las que apuntaba a la retirada de un funcionario de una jefatura en la Consejería de Agricultura, tras denunciar movimientos sospechosos, Julio Pérez señaló que «no se ha producido ningún relevo, ni ninguna queja ni denuncia; ni hay relevo ni hay comunicación».

«Tanto la consejera -Alicia Vanoostende- como el presidente -Ángel Víctor Torres- afirman que no han recibido ninguna comunicación; la consejera añade que no se ha producido ninguna variación en las responsabilidad de ningún funcionario de la Consejería», añadió.

Paralelamente, la diputada socialista Nira Fierro declaró en Canarias Radio que el PSOE ha sido contundente a la hora de condenar los hechos, así como que Ángel Víctor Torres fue el primero en salir a condenarlo, por lo que pidió a Coalición Canaria «no enfanganar».